Por: Guillermo Alvarado

El escándalo es de tal naturaleza y generalizado que ya el mero nombre de la empresa constructora de capital brasileño, Odebrecht, viene siendo como un sinónimo de corrupción, lavado de dinero y otros delitos que la firma cometió en países de América Latina y África.

Fiscales de varias naciones se reunieron esta semana en Panamá para intercambiar información sobre las tropelías de la firma de marras, ocasión que aprovecharon para denunciar que algunos de ellos son víctimas de presiones y amenazas para que abandonen sus investigaciones.

Así lo confirmó, por ejemplo, el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, quien dijo que es el momento de hablar claro. El magistrado ecuatoriano, Carlos Baca, señaló que el profundo entramado delictivo formado por Odebrecht en nuestra región apenas está comenzando a conocerse y lo peor aún está por descubrirse.

Hasta donde se sabe, la empresa distribuyó unos tres mil millones de dólares en Latinoamérica y África para adjudicarse proyectos de manera ilegal.

Pero la cuestión no se trata nada más de una actividad de sobornos, lo cual es grave por sí mismo, sino de la edificación de una compleja trama de ilegalidades que incluyeron acciones para garantizarse impunidad en la mayoría de los casos.

Parte del dinero se empleó para financiar campañas electorales de diputados, senadores o presidentes y de esta manera se aseguraba la continuidad hasta el infinito de la cadena de delitos.

En efecto, las nuevas autoridades quedaban comprometidas con la constructora, pero al mismo tiempo creaban las condiciones para que la corrupción de sus predecesores permaneciera en la impunidad.

Se sabe, por ejemplo, que el derrame de dinero a cambio de jugosos contratos habría comenzado en México durante el gobierno de Vicente Fox, continuó en la administración de Felipe Calderón y hay indicios de que se mantiene con Enrique Peña Nieto. En ese país el modo de operar es singularmente pernicioso.

Fox firmó en 2005 un contrato con Odebrecht para remodelar la refinería de Minatitlán por un costo de 645 millones de dólares. La obra se demoró y finalizó en 2013, ya bajo el gobierno de Peña Nieto, pero entonces el país había pagado ya MIL 55 millones, casi el doble de lo pactado al principio. ¿Responsables de este robo descarado? Hasta el momento ninguno.

En Guatemala se contrató a esa empresa para construir algunas carreteras y cuando estalló el escándalo el ejecutivo se apresuró a clausurar el acuerdo, sin importar que los caminos quedasen a la mitad y no se devolviese al estado el dinero anticipado.

Muchos políticos y exgobernantes están temblando a medida que se profundiza en las investigaciones y vemos casos, como el que mantiene sumido en el bochorno a Brasil, donde un congreso corrupto ha blindado varias veces a un presidente de facto, también corrupto, o en México, donde simple y llanamente despidieron al fiscal que investigaba si el dinero de Odebrecht llegó a los fondos de la campaña de Peña Nieto.

Un tema, amigos, que dará mucho de qué hablar durante meses o, quizás, años.