Por: Roberto Morejón
Los hondureños acudirán el domingo a votar en las elecciones presidenciales con la percepción de que sus antiguas demandas no han sido escuchadas, pues el país sufre violencia, falta de oportunidades económicas, corrupción, narcotráfico y fraudes políticos.
Tres candidatos de los nueve inscriptos por 10 partidos tienen las mayores opciones, según las encuestas, aunque se sabe su poca fiabilidad.
El actual presidente, Juan Orlando Hernández, por el centenario Partido Nacional, apuesta por la reelección, a pesar de estar prohibida constitucionalmente, pero lo favoreció una cuestionada decisión de la Corte Suprema en 2015 que revirtió ese postulado.
Casi la mitad de la población duda de la transparencia de esa determinación y la atribuyen a las influencias de Hernández y su Partido.
A su figura la calza el beneplácito de la administración estadounidense y del Fondo Monetario Internacional, por la aplicación de recetas neoliberales.
El aspirante a la reelección aduce como logros una ligera reducción de la aún alta criminalidad y el crecimiento macroeconómico, pero sus detractores insisten en que la violencia sigue su curso como lo prueban los reiterados asesinatos de líderes sociales.
Los alegados logros económicos No convencen a muchos rivales por la elevada deuda interna y externa que supera los 10 mil millones de dólares, la escasa inversión y la falta de empleo.
Frente al exponente del Partido Nacional sobresale con vista a los comicios en Honduras Luis Zelaya, quien no es familia del expresidente Manuel Zelaya.
El pretendiente por el también antiguo Partido Liberal se propone modernizar la vieja proyección conservadora de ese conglomerado y enfrentar la galopante inseguridad, la pobreza que alcanza a 60 por ciento de la población y enmendar el cuestionado sistema educativo.
La otra figura opositora con posibilidades es Salvador Nasralla, un ingeniero civil que enarbola la bandera anticorrupción e integró una coalición a la que tributó entre otros el Partido Libertad y Refundación (Libre), coordinado por el expresidente Manuel Zelaya, víctima de un golpe militar en 2009.
Los principales adversarios de Hernández denunciaron lo que juzgaron como manejos para garantizar el triunfo del aspirante a la reelección.
El aludido suele defenderse al recordar el alto número de invitados extranjeros para fiscalizar el conteo del domingo.
Pero cualquier cosa puede suceder en un país entre los más violentos del mundo, donde la oligarquía y los mandos castrenses favorecen el continuismo político y el Tribunal Supremo Electoral es blanco de acusaciones de parcialidad en beneficio del oficialista Partido Nacional. FIN