Por Guillermo Alvarado

México despidió el 2017 como uno de los años más violentos de las últimas décadas, con una cifra de 26 mil 573 asesinatos en todo el país de acuerdo a los registros oficiales, pero éste que está en curso no parece quedarse atrás, como se evidenció en los primeros días de enero que fueron muy sangrientos.

En realidad ya no se puede hablar de una ola de violencia, sino de una situación generalizada de inseguridad que rebasó con creces la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado y garantizar la vida y la tranquilidad de la población.

Tampoco es un problema regional porque los crímenes ocurren a lo largo y ancho del país, sobre todo desde que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012, aceptó el proyecto estadounidense de convertirlo en teatro de operaciones de una guerra donde Washington pone las armas que van a parar a las dos partes enfrentadas, y México pone los muertos.

El plan original consistía en convertir a la nación latinoamericana en un muro de contención para el tráfico de drogas, personas, armas, autos robados y otros delitos, pero en la práctica esto sólo desató un conflicto que se vive entre varios frentes.

Por un lado está la lucha entre las fuerzas de seguridad, de forma particular del ejército y la marina, contra las mafias que allí operan, y por el otro está la guerra entre los carteles para controlar los territorios y las rutas hacia y desde la frontera norte. En medio de este torbellino de violencia está el pueblo que sufre indefenso las tropelías que comenten los protagonistas armados.

Hasta ahora ninguna de las medidas diseñadas para mejorar la situación ha dado resultado y algunas empeoran las cosas, como ocurre con la reciente Ley de Seguridad que prevé sacar al ejército a realizar operaciones de vigilancia, con autoridad para hacer detenciones.

Numerosas voces cuerdas advirtieron que la fuerza armada no está creada ni capacitada para ejercer estas labores. Lo que ocurrirá con más hombres armados por las calles es que los enfrentamientos se multiplicarán.

Así parece haber ocurrido en los últimos días, sobre todo de jueves para viernes, cuando 50 personas murieron en balaceras registradas en numerosos estados.

Lo más grave sucedió en Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, donde murieron 32 personas, de ellas 23 en Ciudad Juárez, donde hay una disputa entre los carteles del narcotráfico de Juárez y Sinaloa. De las víctimas cinco eran mujeres.

Pero también ese día hubo crímenes en Veracruz, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Guanajuato.

A la violencia cotidiana en México, se suman este año dos ingredientes potencialmente explosivos, uno es el alza desmesurada del costo de la vida, sobre todo de alimentos básicos, que podría llegar hasta el 20 por ciento, y el otro es la ya presente campaña para las elecciones presidenciales.

Este pueblo vivirá este año en condiciones muy difíciles, si bien los comicios pudiesen ser la oportunidad para decir basta a los que han sido incapaces de controlar la situación y buscar una salida que alivie tanto sufrimiento y dolor, ya abrumadores.