Por: Guillermo Alvarado

El clima generalizado de violencia que afecta a México desde hace ya más de dos décadas se extendió, como no podía ser de otra manera, a la campaña para las elecciones generales del 1 de julio próximo, consideradas como las más grandes celebradas en ese país porque, además de la presidencia, estarán en disputa en esa ocasión unos tres mil 400 cargos públicos.

De acuerdo con Alfonso Navarrete, titular de la secretaría de Gobernación, desde que arrancó la precampaña el 14 de diciembre de 2017 hasta la fecha, se cometieron 30 asesinatos vinculados con la contienda, la mayoría de ellos contra candidatos.

Sin embargo, entidades no gubernamentales precisan que la violencia ha estado presente desde el 8 de septiembre pasado, cuando las agrupaciones políticas recibieron luz verde para nominar a sus aspirantes.

En este período, aseguran, las víctimas fatales ascienden a 79 y la mayoría se concentran en seis estados de la federación, que también son aquellos donde el crimen organizado suele tener más presencia.

Se trata de Guerrero, con 18 casos; Oaxaca, con 13; Puebla, 9; Veracruz, 8; y el estado de México, que rodea a la capital del país, con 6 políticos muertos.

En los últimos días ocurrieron los asesinatos de la joven Maribel Barajas, de 25 años, quien aspiraba a una diputación local en Michoacán por el partido Verde Ecologista, así como el de Juan Carlos Andrade, quien disputaría la reelección de la presidencia municipal de Jilotlán de Dolores, en Jalisco.

Para nadie es un secreto que detrás de muchos de estos crímenes está la mano del crimen organizado, en particular de las mafias del narcotráfico, asociado con autoridades corruptas que buscan mantener su poder y privilegios.

Estas bandas necesitan la colusión de los poderes locales para existir y realizar sus tropelías, por lo que intervienen en las campañas en varios sentidos.

Uno de ellos es eliminar a candidatos con potencial ganador que pudiesen afectar sus intereses ya sea persiguiendo el delito o combatiendo la corrupción, dos males que como un cáncer se han instalado en muchos lugares.

Estas organizaciones criminales, además, buscan hacer una demostración de su fuerza y del control que mantienen sobre determinados territorios, tanto ante el gobierno como frente a grupos rivales.

Otro efecto indeseado de la violencia es que aleja a los ciudadanos del proceso electoral. En efecto, el voto en algunos lugares deja de ser un derecho o una obligación ciudadana para convertirse en un riesgo, que se puede evitar quedándose en casa y dejando que sean otros los que decidan.

La situación es tanto más grave en la medida en que la población tiene conciencia del elevado índice de impunidad que existe en México, donde la gran mayoría de delitos, incluso los más graves, quedan en el silencio y los autores escapan al castigo.

Curiosa democracia esta donde la voluntad popular, incluso esa que sólo significa asistir cada cierto número de años a las urnas, queda sustituida por el miedo, la intimidación y la violencia y donde para ganar primero hay que sobrevivir, aunque sea vendiendo el alma al crimen.