Por: María Josefina Arce

Histórico fue el acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, que puso fin a un conflicto armado de más de cinco décadas. Sin embargo, su implementación muestra significativas demoras, ineficiencia y fallos que ponen en peligro lo alcanzado en La Habana, tras años de negociaciones y de consensuar posiciones.

En reiteradas ocasiones la otrora guerrilla, hoy convertida en partido político, ha denunciado los cambios hechos al acuerdo que borran su esencia y protegen a ex funcionarios del estado.

En los últimos días la FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, afirmó que los cambios sustanciales introducidos en el Congreso a la JEP, Justicia Especial de Paz, a propuesta del partido Centro Democrático, encabezado por el expresidente Alvaro Uribe, constituyen un fraude y una burla al derecho de las víctimas a saber y conocer la verdad plena de lo ocurrido durante el conflicto armado.

Con la creación de ese órgano se buscaba satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, luchar contra la impunidad y cumplir con el deber del estado de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometieron graves violaciones de las garantías humanitarias y de las normativas internacionales.

Pero las modificaciones hechas llevan a la pérdida de competencia de la JEP en materia de extradición y el congelamiento de los procesos contra los militares que deban ser juzgados por su participación en la guerra.

El hecho es que ahora el sistema de justicia concebido para todos los involucrados solo se aplicará a los ex insurgentes, quienes en su mayoría hicieron dejación de las armas como estipulaba lo acordado en La Habana, denunció la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Por demás, ha sido cuestionado el uso de los fondos donados para la implementación del Acuerdo de Paz, entre ellos la Justicia Especial de Paz, uno de sus principales acápites. Son muchos los que hablan de una enorme improvisación y una falta de liderazgo de un gobierno que hizo del fin de la guerra su bandera.

La realidad es que la implementación del Acuerdo de paz ya presentaban ciertos fallos sobre todo en aspectos esenciales como la reforma agraria y política, el combate a los grupos paramilitares y la reincorporación de los ex guerrilleros a la sociedad.

De acuerdo con un informe de la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos, el 82 por ciento del acuerdo de paz falta aún por implementar. El gobierno tan solo ha tramitado 12 de las 34 medidas que se habían acordado para el primer año del proceso de paz, denunció el coordinador del documento, Joaquín Sánchez.

De acuerdo con Sánchez, solo se ha cumplido un cinco por ciento con respecto a la reforma rural integrada y un 19 por ciento por ciento en lo relativo a la participación política.

La marcha de la implementación del Acuerdo de paz preocupa a muchos en Colombia quienes vieron con esperanza y alegría como su firma hace casi dos años ponía fin a un conflicto armado que dejó más de 220 MIL víctimas fatales y cerca de siete millones de desplazados.