Por: Maria Josefina Arce
Desde hace dos semanas el Perú vive una profunda crisis del sistema judicial, que ha llevado a la renuncia y remoción de jueces de alto rango, del propio presidente de la Corte Suprema y del ministro de Justicia.
Los peruanos, 80 por ciento de los cuales desaprueba el sistema judicial del país, salieron a las calles en varias jornadas en contra de la corrupción que, manifestaron, esta enraizada en los distintos poderes.
Recordemos que el actual presidente de la nación, Martin Vizcarra, asumió el cargo, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por denuncias precisamente de corrupción y que giraban en torno al indulto presidencial dado al ex dictador Alberto Fujimori.
En esa ocasión Kuczynski otorgo el perdón tras garantizar que el partido del hijo del ex dictador, Kenji Fujimori, votara en contra de una moción de censura a su gobierno.
Los manifestantes aprovecharon para cargar contra políticos como el ex presidente Alan García y la excandidata presidencial Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, principal partido opositor en el Congreso, que ha sido acusado de presionar la designación de autoridades en el sistema judicial.
No olvidemos tampoco que los cuatro últimos ex presidentes peruanos están involucrados en las investigaciones sobre la firma brasileña Odebrecht, que afecta a políticos y empresarios de varias naciones latinoamericanas.
El escandalo de ahora estalló luego de que salieran a la luz grabaciones que revelaron una amplia red de tráfico de influencias en las más altas esferas del poder judicial peruano. Grabaciones de llamadas telefónicas muestran a jueces que pactaban ascensos y sentencias para ayudar a criminales y hasta a una persona acusada de violación.
La situación ha llevado a que el Congreso votara, en forma unánime, a favor de destituir a los siete miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que se encarga de seleccionar, nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales.
Fuera todos los corruptos es la demanda de la mayoría de los peruanos que han perdido la confianza en el sistema judicial del país. Por lo pronto el presidente pretende llevar adelante una reforma integral de lo que se encargara una comisión de juristas y la cual espera anunciar el próximo día 28 ante el Parlamento.
