Por:Guillermo Alvarado

Diversos sectores de la sociedad guatemalteca manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia en el país centroamericano, de manera particular por los asesinatos y otros atentados perpetrados contra dirigentes comunitarios y defensores de los derechos humanos, varios de ellos cometidos con métodos que recuerdan los años del conflicto armado.

Las alarmas las despertó el reciente secuestro, tortura y ejecución de la joven indígena Juana Raimundo, quien era miembro del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, y recientemente fue elegida para el comité ejecutivo municipal del partido político en formación Movimiento para la Liberación de los Pueblos.

Raimundo realizaba trabajo con jóvenes del municipio de Nebaj, que junto a Cotzal y Chajul forman el llamado Triángulo Itzil en el noroccidental departamento de Quiché, que fue uno de los escenarios de la guerra de 36 años en Guatemala.

Lo inquietante del caso es que el cuerpo con señales de tortura fue abandonado en uno de los caminos de acceso a Nebaj, una práctica común del ejército durante el enfrentamiento armado para sembrar el terror entre la población.

Con esto suman 18 las ejecuciones de activistas humanitarios, nueve de los cuales eran militantes de CODECA, y el común denominador de todos los casos es la inacción de las autoridades para investigar las muertes y determinar la identidad de los autores intelectuales y materiales.

Otro de los rostros más devastadores de la violencia en la llamada “tierra del quetzal” es la que se perpetra contra niños y adolescentes, que no escapan de este azote ni cuentan con garantías de protección.

De acuerdo con el Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, sólo entre enero y el 30 de junio de este año fueron asesinados 417 menores en el país, de los cuales 11 no habían cumplido un año de vida.

Como es común en esa nación, donde no existen controles suficientes sobre la compra de armas, tanto en el comercio legal como en el mercado negro, el 68 por ciento de las víctimas perecieron por heridas producidas por estos pertrechos.

Una denuncia reiterada es que en Guatemala es mucho más fácil obtener una licencia para portar un arma de fuego, que para conducir un automóvil.

El GAM denunció que la infancia y adolescencia en ese país sufre de una gran vulnerabilidad cada día. Lo peor del caso es que las instituciones encargadas de velar por su bienestar resultan ineficaces como lo demostró la muerte de 41 niñas durante un incendio en un llamado “hogar seguro”, donde presuntamente atienden a los menores carentes de amparo filial.

El próximo diciembre se cumplirán 22 años de la firma de los Acuerdos de Paz, período en el que, sin embargo, Guatemala vive una creciente situación de violencia que causa más muertes y sufrimientos que durante la guerra, una terrible y aleccionadora paradoja.