Por: Guillermo Alvarado

Después de ocupar un lugar destacado en la economía mundial y ganarse el respeto y reconocimiento entre la comunidad internacional durante los gobiernos dirigidos por el Partido de los Trabajadores, Brasil experimenta una caída casi a pique, con un aumento escalofriante de la violencia y las desigualdades sociales.

Impresionante es un estudio de la organización no gubernamental Forum Brasileño de Seguridad Pública, donde se reporta que en 2017 se registraron en ese país 63 mil 880 homicidios, es decir 175 personas muertas cada día o, si se quiere ver de una manera más descarnada, siete a cada hora.

Para que se tenga una idea de la terrible situación en el Gigante Sudamericano, el analista Juan Nepomucemo publicó en el diario argentino Página 12 que el año pasado Brasil sufrió más víctimas por la violencia que Siria en la guerra impuesta por potencias occidentales y algunos países árabes.

Las muertes también revelan las crecientes desigualdades que en los tres últimos años no cesan de crecer entre las zonas más ricas y las más pobres de esa extensa nación. Así, mientras Sao Paulo, el estado más desarrollado, tiene una tasa de homicidios de 10 por cada cien mil habitantes, en Río Grande del Norte, uno de los más abandonados, este indicador brinca a 68 por cada cien mil.

El incremento de la violencia también tiene que ver con las torpes iniciativas adoptadas por el gobierno golpista encabezado por Michel Temer, entre ellas sacar al ejército a combatir un problema para el que no está capacitado.

De esta manera la misma violencia se alimenta de los dispositivos creados para combatirla y el resultado es devastador. A manos de los aparatos de seguridad, sean policías o militares, mueren cada día 14 brasileños, un aumento del 21 por ciento respecto a 2016.

También es notable el aumento de las agresiones contra las mujeres, de manera particular las violaciones, que el año pasado alcanzaron la cifra de 60 mil, si bien organizaciones sociales señalan que en la práctica podrían ser el doble por la gran cantidad de víctimas que se niegan a acudir a una comisaría donde con frecuencia, en lugar de recibir ayuda, son maltratadas por los agentes.

Se trata en todos los casos de registros históricos que demuestran cómo cada año el país se derrumba, sin que sus autoridades hagan algo para evitarlo, quizás porque ellas mismas están demasiado ocupadas para ocultar la corrupción en la que están envueltas y no tienen tiempo para velar por los ciudadanos.

Desde el golpe de un parlamento espurio contra la legítima presidenta Dilma Rousseff vienen en aumento la mortalidad infantil, el retorno de enfermedades que estaban bajo control o en vías de desaparecer, la vuelta de entre cinco y ocho millones de brasileños a las garras de la pobreza y el desempleo.

¿Los responsables?, pues los mismos que mantienen preso a Luis Inacio Lula da Silva para impedir que retorne a la presidencia y le de un nuevo rumbo a un país que en estos momentos está al borde del abismo y a punto de dar un paso al frente.