Por: Guillermo Alvarado

Al presidente de Argentina, Mauricio Macri, las cosas le siguen saliendo peor de lo esperado y tras el enérgico rechazo de la población al ajuste anunciado a principios de semana, ahora un fiscal lo puede llevar ante la justicia por la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, sin contar con el organismo legislativo.

La denuncia la hicieron Claudio Lozano, dirigente del Movimiento Popular La dignidad, y Jonatán Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y el fiscal Jorge di Lello consideró que existen suficientes elementos para llevar el caso a juicio.

En concreto se acusa al presidente y a otras personas de su círculo más cercano, de “abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público” porque cuando negoció en junio un crédito con el FMI por 50 mil millones de dólares no consultó con el Congreso como manda la Constitución del país.

Forman parte de los sindicados el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Hacienda y ahora también de Economía, Nicolás Dujovne; el presidente del Banco Central; Luis Caputo, y otros que más adelante la investigación señale como responsables.

El crédito, del tipo stand by, se entregará por cuotas a lo largo de tres años, siempre y cuando el gobierno cumpla las duras condiciones impuestas por la entidad financiera internacional, entre ellas llevar a cabo severos planes de ajuste para reducir los gastos del Estado y eliminar el déficit fiscal, es decir la diferencia entre los ingresos y las erogaciones del Estado.

Ya fue entregado el primer tramo de 15 mil millones de dólares y en estos momentos una misión del gobierno, encabezada por Dujovne, negocia con el FMI que los otros 35 mil millones se entreguen en 2019 para enfrentar la crisis cambiaria que podría dar al traste con la economía del país austral.

El tema es que para firmar un compromiso de esa magnitud, el ejecutivo necesitaba del consentimiento del Parlamento, según establece el artículo 75 de la Carta Magna, donde dice que corresponde a ese organismo determinar si se contraen empréstitos sobre el crédito nacional o se modifican los ya existentes.

Al parecer Macri y su equipo no interpretaron de manera correcta este precepto y ahora podrían ser enjuiciados.

La denuncia también pide que se investiguen a fondo las condiciones en que se negocio el préstamo y se suspenda su vigencia, si bien no existen antecedentes de una medida similar en la historia argentina.

Esta noticia vino a condimentar las protestas contra el ajuste anunciado el lunes por el presidente, que contiene medidas como la conversión de 10 ministerios en Secretarías de Estado, algunos de ellos de gran importancia para los servicios indispensables a la población como las carteras de Salud, Trabajo, Energía, Turismo y Ciencia.

También se eliminaron importantes subsidios que servían para amortiguar el incremento del costo de la vida en sectores sensibles, como los jubilados, las mujeres y los desempleados, lo que está despertando aún más cólera contra Macri, a quien le llueve sobre mojado hace un buen rato.