Por: Roberto Morejón

La comunidad internacional sufre por la obstinación de las administraciones estadounidenses, al persistir en el genocida bloqueo contra Cuba, con marcada proyección extraterritorial.

Además de obstaculizar la supervivencia y el desarrollo económico de la mayor de las Antillas, el boicot de Washington perjudica a terceras naciones, imposibilitadas o con dificultades para invertir o comerciar con La Habana.

El efecto nocivo se concreta a través de la extraterritorialidad de la medida punitiva, mediante la Ley para la democracia cubana o Ley Torricelli, de mil 992, y la Helms Burton, de mil 996.

La primera de esas herramientas intervencionistas prohíbe la entrada a puertos estadounidenses por un período de 180 días de buques de cualquier nacionalidad que tocaran radas cubanas.

La Helms-Burton torpedea el comercio de Cuba con el resto del mundo y la inversión extranjera.

Incluso preconiza la aplicación de sanciones a funcionarios de las empresas que transgredan el pretendido aislamiento del archipiélago caribeño y les impide su ingreso al territorio norteño.

Según el Derecho Internacional, la extraterritorialidad es un privilegio por el cual el domicilio de los agentes diplomáticos, los barcos, etc., se consideran como si estuviesen fuera del espacio donde radican, para seguir sometidos a las leyes del país de origen.

Bajo ese paraguas bancos y empresas europeas fueron sancionados por Estados Unidos a pagar sumar millonarias por hacer negocios prohibidos por Washington, a causa de su cerco sobre la nación caribeña.

Entre 2017 y 2018 y a tono con el recrudecimiento del bloqueo dictado por el presidente Donald Trump, aumentaron las sanciones y el acecho contra ciudadanos y empresas de terceros países interesados en pactar negocios con Cuba.

Estamos en presencia de un ultraje a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y a las más elementales normas del libre comercio.

Estados Unidos asume el papel de un magistrado supranacional que nadie le otorgó cuando se arroga el derecho de decidir sobre los asuntos que deben dirimir otras naciones.

El perfil extraterritorial del cerco estadounidense contra la mayor de las Antillas vuelve a colocarse sobre el tapete, junto a sus restantes consecuencias, al presentar Cuba ante la ONU un proyecto de resolución contrario al ataque de Washington.

El 31 de octubre los países representados en la Asamblea General votarán sobre la moción titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba”.

En el ejercicio del sufragio se recordará seguramente que el bloqueo tiene ramificaciones nocivas para todos. FIN