Por: María Josefina Arce.

El asesinato la semana pasada del joven mapuche Camilo Catrillanca en la región de La Araucanía, en el sur de Chile, sacudió a la sociedad chilena y volvió a poner sobre el tapete un viejo conflicto en la nación austral: la represión y el despojo al pueblo mapuche de sus ancestrales derechos.

La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la muerte del comunero mapuche y llamó al Ministerio Público a realizar una “investigación exhaustiva, rigurosa y eficaz que permita establecer las circunstancias de los hechos, así como la plena identificación de los responsables y las sanciones correspondientes."

En un primer momento Carabineros había negado tener pruebas del incidente, argumentando que los efectivos no habían alcanzado a instalar las cámaras en sus cascos, sin embargo el pasado domingo el Gobierno reconoció que un policía había destruido las imágenes de la represión.

Ante la presión popular, fueron destituidos cuatro carabineros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, que portaban cámaras de vigilancia en el momento del operativo y borraron las imágenes registradas.

Asimismo se reportó la renuncia a sus cargos del general Mauro Victoriano, jefe de Orden y Seguridad de La Araucanía; e Iván Contreras, prefecto de las Fuerzas de La Araucanía.

Lamentablemente hay una realidad que no se puede obviar. El tema mapuche solo cobra fuerza cuando se reporta un triste hecho como la muerte de Catrillanca, un joven de 24 años. Por unos días el suceso acapara la atención de todos, pero después cae en tierra de nadie, se olvidan los derechos de ese pueblo y la persecución de que es objeto hasta que se reporta un nuevo y triste incidente.

Y es que el caso de Catrillanca es el más reciente, pero no el único. Ese pueblo originario ha sido víctima de desalojos y violación de sus prerrogativas ciudadanas durante siglos, y desde el 2000 hasta la fecha suman decenas los miembros de esa comunidad asesinados por defender sus derechos.

La muerte de Catrillanca a manos de los carabineros no es tampoco un suceso nuevo bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ya durante su primer mandato del 2010 al 2014 fue ultimado el joven Rodrigo Melinao Lican.

Y muchos se preguntan hasta cuándo tendrá que seguir sufriendo vejaciones un pueblo al que incluso se le aplica la llamada ley antiterrorista, que busca convertirlo ante la opinión pública en delincuente y criminal.

Esta ley, una de las tristes herencias de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, se ha aplicado de manera arbitraria contra los mapuches, que solo reclaman lo que por derecho les pertenece, han reconocido incluso, organismos internacionales.

Los mapuches son asesinados, perseguidos y llevados ante la justicia por casos que incluso se fabrican en su contra, como es conocido por muchos, para despojarlos de sus tierras que pasan a manos de las transnacionales.

La violencia contra esa comunidad tiene una larga historia en Chile. El asesinato de Catrillanca es el último suceso de este tipo, pero lamentablemente no el único, pues es como advierten los expertos el reflejo de una política de estado que viola los más elementales derechos humanos de un pueblo originario y favorece a los grandes intereses.