Por: Guillermo Alvarado

El descubrimiento de los restos del submarino argentino San Juan, hundido a 900 metros en las aguas del Atlántico sur, levanta nuevas interrogantes sobre un caso que durante un año ha impacto a la sociedad por la frialdad con que las autoridades se han pronunciado al respecto y el escaso apoyo ofrecido a los familiares de los marineros y técnicos fallecidos a bordo.

Cuando faltaban apenas horas para suspender definitivamente la búsqueda la nave fue detectada gracias a los aparatos de fotografía y otras modernas tecnologías emplazadas en el buque Seabed, de la empresa Ocean Infinity.

De acuerdo con las informaciones, el San Juan implosionó debido a la altísima presión a que fue sometido, pero las razones que ocasionaron el hundimiento y la muerte de su tripulación aún no están claras.

Una de las teorías es que falló una válvula llamada Eco-19, lo que provocó el ingreso de agua que alcanzó las baterías y causó una reacción de hidrógeno que mató a todas las personas, dejando al submarino sin control.

Los parientes de las víctimas siempre reclamaron al gobierno que el San Juan fue enviado a esta misión al sur de La Argentina sin practicarle el mantenimiento que estaba previsto en su base permanente, ubicada en Mar del Plata, además de que ya su estructura estaba al borde de la vida útil.

Lamentablemente estos elementos difícilmente serán comprobados debido a un factor adverso, como lo es la casi imposibilidad de sacarlo a flote por el estado en que quedó el casco luego de la implosión, su peso de unas dos mil toneladas, aumentado por el agua que está en su interior y la profundidad en que se encuentra varado.

No se tiene noticia de que en la historia se haya realizado una tarea de esas dimensiones, aunque el presidente de Ocean Infinity, Oliver Plunkett, tampoco la descartó por completo si bien calificó la operación de muy compleja y demorada.

En cuanto a las responsabilidades por la tragedia, habrá que estudiar muy bien la documentación recaudada y las más de 67 mil fotos y videos de alta resolución tomados por el Seabed.

Hay un hecho concreto e insoslayable, y es que un submarino se perdió y sus 44 tripulantes murieron y eso no puede, ni debe, quedarse en tierra de nadie.

Aunque la jueza que lleva el caso, Marta Yañez, se apresuró a sacar al presidente Mauricio Macri de la línea de las responsabilidades, éste es culpable por lo menos de haber permitido que durante 52 días se suspendiera la búsqueda del submarino, así como de mantener en su puesto al ministro Oscar Aguad y al jefe de la marina.

Como afirma el periodista argentino Raúl Kollman en el diario Página 12, el descubrimiento de los restos del San Juan no se debió a una voluntad política del gobierno de Macri, sino a la insistencia inclaudicable de los familiares.

Esposas, madres, hermanas e hijas de los tripulantes pasaron más de 50 días a la intemperie, atadas a las rejas de la Casa Rosada, hasta lograr la firma de un contrato para mantener la búsqueda y no se debe olvidar que ese fue el factor decisivo. FIN