Por: Guillermo Alvarado

Profunda consternación causó la noticia del fallecimiento de un segundo niño guatemalteco cuando estaba “bajo custodia” de las autoridades migratorias de Estados Unidos, luego de ser detenido junto a su padre cuando trataban de ingresar a ese territorio en busca de trabajo para construir un futuro mejor.

La muerte del infante de ocho años se une a la de Jacquelin Caal, ocurrida el 8 de diciembre cuando también estaba en manos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza del país norteño.

Igual que en el primer caso, los pocos datos que se han filtrado permiten sospechar indolencia y descuido en la atención a los menores. El pequeño Felipe Gómez presentó síntomas de malestar el 24 de diciembre en la mañana, por lo que fue trasladado a un hospital donde los médicos le diagnosticaron un resfriado común, le administraron algunos medicamentos, lo tuvieron en observación 90 minutos y luego le dieron el alta.

Por la tarde la situación empeoró y fue trasladado de urgencia al nosocomio, donde falleció pasada la medianoche.

Una oleada de críticas se levantó contra la cruel política migratoria impuesta por el gobierno que preside Donald Trump. El Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González, recordó que las prácticas en la frontera contra los niños violan las normas internacionales y exigió una investigación exhaustiva para dar con los responsables y que estos rindan cuentas ante la justicia.

Otros funcionarios de la ONU, políticos norteamericanos y organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, calificaron las muertes de los niños guatemaltecos como una tragedia espantosa que no es, sin embargo, la única ocurrida este año en la línea de demarcación del “paraíso prohibido”.

Recordemos que en mayo pasado la joven de 19 años Claudia Gómez fue ultimada de un disparo en la cabeza por un oficial de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, sin que se sepa si el sujeto en cuestión fue detenido y está pagando el crimen.

Las tres víctimas tienen muchas cosas en común, entre ellas pertenecer a comunidades indígenas guatemaltecas extremadamente pobres y carecer de oportunidades por la incapacidad e indolencia de sus gobernantes que, eso sí, este diciembre se recetaron millonarios sobresueldos para pasar por todo lo alto las fiestas navideñas y de fin de año.

Que sus hijos mueran de un disparo, o de exceso de desatenciones cuando están “bajo custodia” de autoridades migratorias es sólo parte de los riesgos que deben correr sus padres para evitar que perezcan de hambre o desnutrición en su lugar de origen.

El papá de Jacquelin Caal, por ejemplo, no pudo darse el lujo de acompañar el féretro de su hija de retorno a Guatemala, ni participar en su sepultura este 24 de diciembre. Tuvo que quedarse en Estados Unidos para ver si consigue un trabajo, pagar la hipoteca que hizo de sus precarias propiedades para financiar su viaje y salvar así al resto de su familia. ¿Se atreverá alguien a explicarle a este señor el significado de esa frase que repetimos hasta la saciedad en estos días de “feliz navidad y próspero año nuevo”?