Por: Guillermo Alvarado

Cuando el presidente del parlamento venezolano en desacato, Juan Guaidó, se encaramó a una tarima y se declaró presidente temporal del país sudamericano, sin que absolutamente nadie lo haya propuesto ni votado por él, el gobierno de España fue uno de los que se adelantó en reconocerlo y pugnó para que la Unión Europea adoptase una posición común al respecto.

No faltó entonces quien recordase que el presidente del ejecutivo de ese país ibérico, Pedro Sánchez, no llegó a su cargo como resultado de una elección, sino por un voto de censura contra su predecesor Mariano Rajoy, quien debió entregar el cargo.

También se señaló que la postura de Sánchez es endeble porque su partido, el Socialista Obrero Español, no tiene mayoría parlamentaria y requiere de apuradas alianzas para mantener el cargo.

Si fue decisión personal, o resultado de las presiones de sus aliados políticos, se conocerá algún día, pero el caso es que en abierta violación a los principios del derecho y la convivencia internacional, España se puso de lado de quienes quieren violentar la situación en Venezuela y poner fin a la revolución Bolivariana iniciada por el Comandante Hugo Chávez.

De hecho, si no se logró unanimidad en la postura europea, fue porque Italia decidió desmarcarse de este desatino y evitó reconocer a Guaidó, que obviamente intenta usurpar funciones que no le corresponden en absoluto.

Lo curioso es que este martes en Madrid comenzó un complejo proceso judicial contra un grupo de dirigentes catalanes, a los que se está acusando de sedición, desobediencia y rebelión y para quienes se piden penas exageradas que van desde 25 hasta 75 años de prisión.

El caso es resultado, recordemos, de la efímera declaración unilateral de independencia hecha por el entonces presidente del parlamento catalán, Carles Puigdemont, quien se puso a salvo en Bélgica, no así doce de sus principales colaboradores que enfrentan a los tribunales con perspectivas poco halagüeñas.

La pregunta que viene al caso es ¿por qué el presidente del gobierno español reconoce a un impostor en Venezuela, pero se dispone a aplicar mano dura contra quienes pretendieron la independencia de Catalunya?

Si el señor Guaidó hubiese tenido la ocurrencia de declararse unilateralmente presidente de Galicia, Granada, o Asturias, seguramente estaría tras las rejas, pero como lo hizo en Venezuela, el gobierno de Pedro Sánchez estima que está bien hecho.

Si no fuese porque las presiones de Estados Unidos son fuertes y están a la vista, uno pensaría que quizás en Madrid hay quienes no se han enterado de que Venezuela es un país independiente y soberano, que toma sus propias decisiones, igual que España adopta las suyas en lo que respecta a sus asuntos internos.

Guste o no guste, los doce antiguos funcionarios catalanes enfrentarán las leyes vigentes en su país y eso debe respetarse. Guste o no guste, el presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro, y eso también se tiene que respetar.