Por María Josefina Arce
En seis meses y medio del año fiscal 2019, que comenzó el pasado 1 de octubre, Estados Unidos detuvo a más de 414 mil inmigrantes indocumentados, de acuerdo con la Patrulla Fronteriza.
La política de tolerancia cero contra la inmigración sin papeles puesta en marcha por el presidente norteamericano, Donald Trump, se ha convertido en un jugoso negocio para las empresas privadas estadounidenses de seguridad y una amenaza para los derechos humanos de esas personas.
La masiva y constante llegada de indocumentados desde hace meses a la frontera de Estados Unidos y su detención por las autoridades federales se ha traducido para esas firmas en nuevos contratos que les reportan altas ganancias.
Ese es el caso de la controvertida empresa GEO que espera un aumento de ingresos anuales por unos 25 millones de dólares, con la reactivación a mediados de este año del centro de detención de Basile, en Luisiana, tras un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
El recinto, que es propiedad de dicha compañía asentada en Boca Ratón, Florida, y con capacidad para mil personas, se encuentra totalmente inactivo en estos momentos.
De acuerdo con informaciones periodísticas, las operaciones a nivel mundial de esa compañía incluyen la propiedad y administración de 134 instalaciones y 95 mil camas.
Fue en la década del ochenta del siglo pasado cuando empezaron a operar esas instalaciones en los estados de Colorado y Texas, y que en la actualidad se encontran cualquier parte del territorio estadounidense.
Pero estos centros representan una amenaza para los derechos humanos de los indocumentados detenidos. Por ejemplo luego de años de denuncias de grupos defensores de inmigrantes precisamente la firma GEO tuvo que cerrar la instalación de Adelanto, en California, por las malas condiciones imperantes allí para los detenidos.
De acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos humanos, en los centros de detención de inmigrantes, se abusa sistemáticamente de los detenidos, especialmente de las mujeres y los niños.
Estos escándalos no solo salpican a GEO, sino a muchas de las firmas privadas de seguridad como la MTC, de la cual uno de sus ex directivos era el responsable de la cárcel iraquí de Abu Graib, famosa por las humillaciones y torturas practicadas a los detenidos, y que también ha debido cerrar algunos de sus centros de detención.
Servicios médicos insuficientes, hacinamiento, segregación, intimidación y humillación de los detenidos son las principales características de estas cárceles para inmigrantes, operadas por firmas privadas de seguridad.
Pero aunque se cierran algunas de esas instituciones, son muchas las que se mantienen abiertas, generando grandes ganancias para las empresas a costa del dolor y el sufrimiento de miles de inmigrantes, que paradójicamente emigran para escapar de la violencia, el hambre y la miseria en sus países de origen.
La línea dura contra la inmigración ilegal, puesta en práctica por la administración de Donald Trump, ha significado grandes beneficios a empresarios privados,que firman contratos millonarios con el gobierno para proveerle desde centros de detención y monitores eléctricos, hasta vuelos privados para los deportados.
