Por: Roberto Morejón

Algunos personajes que alegan ser perjudicados por las nacionalizaciones en Cuba comenzaron a presentar querellas en cortes estadounidenses, al amparo del título III de la desnaturalizada Ley Helms-Burton, para la cual el país antillano no está inerme.

Como subrayó una declaración del Ministerio cubano de Relaciones Exteriores de marzo último, la referida ley descansa sobre dos mentiras fundamentales.

Una de ellas es la noción de que las nacionalizaciones llevadas a cabo poco después del triunfo revolucionario fueron ilegítimas o indebidas y la segunda que Cuba constituye una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Cuba responde a las falacias con la enérgica denuncia de un cuerpo legal violador de la libertad de comercio e inversión, con alcances extraterritoriales, mediante los cuales la Casa Blanca trata de obligar a otros Estados a plegarse a sus prácticas.

El archipiélago caribeño tiene a su favor contar con un proceso de nacionalizaciones apegado al derecho interno y el internacional y ofrece como ejemplo de actitud constructiva el pago de compensaciones realizado a compañías privadas traspasadas al control público.

Con la excepción de Estados Unidos, recibieron reembolsos todos los países con propiedades en la patria de José Martí perturbados por las nacionalizaciones.

Como el país norteño se marginó de las negociaciones, La Habana reiteró el deseo de conversar al respecto.

Durante la administración del presidente Barack Obama, Cuba y Estados Unidos llevaron a cabo tres encuentros sobre nacionalizaciones y compensaciones mutuas, pues los residentes aquí demandan su derecho a recibir retribuciones ante las pérdidas ocasionadas por el bloqueo de Estados Unidos.

Ahora bien, si la actual administración se niega a conversar, Cuba resistirá el empuje de la Ley Helms-Burton y en especial su título III, y reforzará la protección a las empresas foráneas emplazadas aquí o las interesadas en hacerlo.

Además, la nación caribeña tiene vigente la Ley 80 promulgada en mil 999 con la finalidad de sancionar el respaldo a los preceptos de la ley Helms-Burton.

Conocido también como ley antídoto, el referido instrumento declara ilícita la ejecución de la ley Helms Burton en el país caribeño y nula cualquier reclamación atrincherada en ella.

La ley 80 de Cuba incluye privación de libertad para personas que provean información acerca de los nexos comerciales con empresas extranjeras.

Asimismo, Cuba moviliza a la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Comercio y a otras instancias multilaterales a fin de frenar la absurda Ley Helms Burton que atenta contra la soberanía e independencia de los Estados.