Por: Roberto Morejón

La irrupción de la policía estadounidense en la embajada de Venezuela en Washington descansó en un despliegue de fuerza inusitado, como si los beligerantes colaboradores del presidente Donald Trump quisieran reafirmar la vigencia de todas las opciones para derrocar al gobierno constitucional de Nicolás Maduro.

Los analistas pusieron de relieve la insistencia febril de las autoridades estadounidenses en el desalojo de un puñado de activistas invitados por las autoridades legítimas de Venezuela, alejados de representar una amenaza para alguien.

Esas personas solo deseaban evitar que el edificio con función diplomática no cayera en manos de los seguidores del presidente de ficción, Juan Guaidó, nunca investido por poder alguno.

La sede oficial en la capital del país norteamericano pertenece al gobierno constitucional de Venezuela, reconocido por la mayoría de los organismos internacionales y por más de un centenar de Estados con asiento en la ONU.

Esa realidad parece repicar en los pasillos del Departamento norteamericano de Estado, porque sus representantes se vieron precisados a conversar en Caracas con el gobierno bolivariano sobre la asignación de la sede diplomática del país norteño a Suiza, tras la ruptura de las relaciones.

De manera que al irrumpir la policía metropolitana de Washington en el inmueble oficial de otro Estado, el país receptor violó la Convención de Viena relativa a la necesaria protección a esos recintos aun con ruptura de nexos.

El señor Juan Guaidó, presentado como presidente interino, carece de instrumentos legales, incluso de un simple cuño, para autorizar a sus subordinados posesionarse de la embajada venezolana en la capital estadounidense.

Pero los patrocinadores de Guaidó en Estados Unidos insisten en el denominado gobierno paralelo, junto a las sanciones y apropiaciones, como ocurrió con CITGO, subsidiaria de la petrolera estatal PDVSA, Petróleos de Venezuela.

Frente a la extorsión del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, se alzaron en toda su estatura moral ciudadanos honestos del primer país, quienes en medio de una ofensiva descomunal del poder mediático contra la Revolución Bolivariana son capaces de demandar a Trump el acatamiento de las leyes y convenciones.

Lo hicieron atrincherados en el inmueble oficial de Venezuela, desde donde proyectaron con luz propia el nombre del movimiento de paz social Code Pink.

Varios de sus integrantes resistieron los efectos de la carencia de luz, agua y alimentos y denunciaron el atropello de la administración de Donald Trump.

Su demostración se agigantó dignamente mientras las bien armadas fuerzas policiales estadounidenses sufrían el descrédito.