Por María Josefina Arce

Las próximas semanas prometen ser agitadas en Brasil. El Congreso buscará votar antes de que finalice el mes de julio la propuesta de reforma al sistema de pensiones presentada por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro y que ha provocado fuertes reacciones entre los brasileños y partidos de oposición.

Las autoridades han promovido su proyecto, que endurece el acceso a la jubilación, como una necesidad para reparar un déficit fiscal que podría llegar a los 79.600 millones de dólares en el presente año.

De ser sancionada la propuesta se establecerá la edad mínima para acceder a la jubilación, un requisito actualmente casi inexistente en Brasil, y que sería entonces de 62 años para las mujeres y 65 años para los hombres.

Asimismo plantea que los brasileños que pretendan retirarse con una pensión completa deberán contribuir durante 40 años.

Los brasileños han mostrado su preocupación por el reemplazo del modelo de solidaridad del actual sistema de retiro por el de capitalización, como el que funciona en Chile, ampliamente criticado por la sociedad y que fuera impuesto durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Los militares no están incluidos en la actual reforma. Precisamente en Chile los uniformados fueron los únicos que pudieron mantener sus pensiones dentro del sistema de reparto solidario. Por eso, su pensión promedio es casi 12 veces mayor que la de un civil.

El sitio web Público recuerda un informe elaborado el pasado año por el Centro Internacional para la Gestión de Pensiones que hace referencia a problemas del sistema de pensiones imperante en Chile. Uno de los aspectos que menciona es que no se ocupa de los trabajadores que no pueden cotizar.

La realidad es que en Chile 80 por ciento de los pensionados cobran menos que el salario mínimo y el 44 por ciento está por debajo de la línea de pobreza.

La gran mayoría de los brasileños considera que el gobierno quiere acabar con el sistema actual y crear uno privado que solo interesa al sistema financiero, en detrimento de una jubilación digna para todos.

Desde que el gobierno presentó su propuesta a inicios de este años los brasileños se han lanzado a las calles para expresar su rechazo a la reforma de pensiones.

Ahora habrá que ver como transcurre en el Congreso la votación del mencionado documento, pues como se trata de una llamada Propuesta de Enmienda a la Constitución necesita ser aprobado en dos turnos por 308 diputados, antes de seguir al Senado.

Por lo pronto, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, informó que para garantizar el quórum se han denegado solicitudes de viaje a partir del 20 de junio.

La votación se estima que no será nada fácil, pues varios diputados opositores han expresado su preocupación por la iniciativa gubernamental que llevará a la privatización del sistema de pensiones, y pondrá en riesgo los derechos de muchos brasileños.