Por: Guillermo Alvarado
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, sueña con la reelección en los próximos comicios en el país austral, pero en su contra gravitan varios procesos judiciales por presuntos delitos que lo involucran a él, a familiares cercanos, colaboradores y funcionarios del gobierno.
Se trata de una larga lista de irregularidades, que comienzan por el caso de la empresa Correos de Argentina. La historia inició en la década de los 90 del siglo pasado, cuando la administración de Carlos Menem privatizó este servicio y se lo adjudicó al Grupo Macri.
El caso es que esta firma, propiedad de la familia del hoy jefe de Estado, nunca hizo los pagos correspondientes y para el 2002 acumulaba una deuda por cerca de 300 millones de pesos, que hoy con la inflación acumulada y una tasa de interés del 7 por ciento son más de cuatro mil 700 millones.
Macri presidente y Macri grupo financiero intentaron entonces una jugarreta para desvanecer estas obligaciones, o al menos pagar la cifra original que es ridiculamente ínfima, pero fueron sorprendidos por la fiscalía y un tribunal debe pronunciarse al respecto la semana próxima.
No es la única angustia que rodea al gobernante. Se está investigando un monumental fraude cometido por medio de una empresa que cobra peaje en las autopistas y de la cual el poderoso grupo es accionista.
Los Macri se las arreglaron para aumentar las tarifas y luego vendieron parte de sus acciones a 75,50 pesos, cuando las habían adquirido a solo cuatro pesos.
Algo similar ocurrió con el pase de manos de varias firmas vinculadas con la construcción de parques eólicos para generar energía eléctrica. La familia del presidente habría comprado las concesiones por 25 millones de dólares y luego las vendió a 74, metiéndose al bolsillo una buena cantidad de dinero.
Todo estaría dentro del ámbito de ese tipo de negocios, de no ser porque varias de las firmas, incluso algunas creadas para la ocasión, tenían vínculos con el ejecutivo argentino y obtuvieron información privilegiada. Además las ventas requerían autorización de entidades del gobierno, lo que nunca ocurrió.
Otro caso burdo es la venta de Macri Air, hecha al consorcio colombiano Avianca, tras la promesa de que el presidente les iba a adjudicar 36 rutas aéreas dentro de Argentina, lo que ocurrió en febrero de 2017.
Macri Air apenas tenía unos cuatro aviones en mal estado, valorados en poco más de un millón de dólares, pero la venta se cerró por 10 millones de dólares. Es evidente que el pago no fue por las aeronaves, sino la entrega de las rutas.
Todos estos casos podrían tipificarse como delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y negociaciones icompatibles con el ejercicio de la administración pública. Mientras la familia Macri se hizo de cuantiosas sumas de dinero mal habido, millones de argentinos, no olvidemos, se hundieron en la pobreza. Así, ni más ni menos, funciona el neoliberalismo.