Por: Guillermo Alvarado

Los ciudadanos guatemaltecos irán este domingo a las urnas para celebrar la segunda ronda de los comicios presidenciales, un evento de matices grises por los antecedentes de ambos contendientes y las sombras proyectadas por un escándalo que sacude a las autoridades electorales de ese país.

Se enfrentarán la ex primera dama Sandra Torres, quien fuera esposa del antiguo presidente Álvaro Colom, propuesta por el partido Unión Nacional de la Esperanza, UNE, que tiene mayoría en el Congreso de la República.

Torres ha sido vinculada con numerosos casos por financiamiento ilegal de su agrupación política y otras irregularidades. Todos los expedientes en su contra, sin embargo, fueron archivados cuando logró su inscripción como candidata y adquirió inmunidad de acuerdo con las leyes locales.

En la primera ronda de las elecciones ella logró el primer lugar, si bien muy lejos de la mitad más uno de sufragios que la habrían convertido en la primera mujer en alcanzar la presidencia de Guatemala.

Su oponente es el médico Alejandro Giammattei, quien busca por cuarta ocasión la primera magistratura, esta vez apoyado por una parte del empresariado más conservador y antiguos militares profundamente anticomunistas, que insisten en negar las terribles violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército durante el enfrentamiento armado interno, de 1960 a 1996.

La ronda definitiva de los comicios se realizará bajo la sombra de un escándalo que ronda al Tribunal Supremo Electoral debido a alteraciones en los resultados de la primera vuelta del 16 de junio.

Hace pocos días fueron capturados el director y subdirector de informática de esa entidad porque borraron registros digitales y luego los sustituyeron por otros, con datos que no se correspondían con los emitidos por las mesas receptoras de votos. A pesar de eso, el tribunal y las misiones de observación declararon  válidas las elecciones.

Quienquiera que gane este domingo recibirá un país con el 60 por ciento de la población sumida en la pobreza, con los servicios públicos al borde del colapso, sobre todo los de la salud, vivienda y educación; altísimos niveles de violencia en casi todo el territorio nacional y una clase política muy desprestigiada por los sucesivos escándalos de corrupción.

Deberá enfrentar, además, las consecuencias de un acuerdo firmado por el actual gobierno con Estados Unidos que ubica a Guatemala como “tercer país seguro”, al que se enviarán decenas de miles de indocumentados rechazados por la nación norteña y a los que no podrá devolver a su lugar de orígen.

Futuro nada halagüeño para un gobernante, sea el que sea, que si quiere ganar la confianza de la población tendrá que demostrar en muy poco tiempo algo distinto a lo que han hecho las últimas administraciones, más preocupadas en llenar sus bolsillos que en atender las necesidades de la gente.