Por: Guillermo Alvarado
El desarrollo de un proyecto soberano que dejaba fuera a Estados Unidos de la explotación de las enormes reservas de litio depositadas en el Salar de Uyuni, del departamento boliviano de Potosí, figura sin ninguna duda entre las causas del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales.
También llamado “oro blanco”, el litio es un elemento de gran valor estratégico para el desarrollo de la industria automovilística moderna, la computación y la telefonía celular.
No podría concebirse, por ejemplo, el impulso que se está dando al automóvil eléctrico sin la existencia de baterías de litio que con un pequeño volumen tienen una potencia y capacidad mucho mayor que las tradicionales. Lo mismo puede decirse de las computadoras y los teléfonos móviles.
En el sur de nuestro continente, concretamente en Chile, Argentina y Bolivia está entre el 70 y el 80 por ciento de este valioso recurso de todo el planeta, pero solo en el último de ellos se desarrolló un programa ciento por ciento nacional y de avanzada tecnología, que comenzó desde 2008 y causó no pocas tensiones entre el gobierno de Evo y la oligarquía potosina.
Los primeros pasos fueron declarar al salar de Uyuni como reserva fiscal y prohibir la participación de empresas privadas en su explotación, una vía diametralmente opuesta a la seguida por sus vecinos de Argentina y Chile.
Luego se creó la empresa estatal Yacimientos de Litio de Bolivia, YLB, y por medio de ella se compró a Alemania una fábrica de cloruro de potasio, un subproducto de la explotación principal. A continuación se adquirió, también en Alemania, el diseño de una planta de carbonato de litio y se contrató a una firma china para su construcción.
De esta forma YLB entró al mercado mundial de este elemento, hasta entonces dominado por Estados Unidos y, en menor medida, por China. Será fácil imaginar el pataleo que provocó en Washington la irrupción de un país sudamericano, hasta hace dos décadas el más pobre del hemisferio, en el comercio de un material de elevado valor estratégico.
Un paso más audaz fue negociar con Berlín un acuerdo para fabricar baterías de litio en el país sudamericano, con mayoría de capital y dirección locales, además de obtener total transferencia de tecnología e inscribir las patentes internacionales a nombre de Bolivia. Una joya de negociación.
Paradójicamente el comité cívico de Potosí, formado por empresarios y oligarcas, acusó a Evo de “entreguista” por este acuerdo. Pocas semanas antes de las elecciones y para apaciguar las tensiones el presidente rescindió el contrato, pero no fue suficiente para los opositores, que pidieron su renuncia.
Consumado el golpe, será cosa de poco tiempo que se elimine el proyecto soberano sobre el litio y se ponga a disposición de inversionistas foráneos, es decir estadounidenses, lo que significará un enorme retroceso económico, industrial y social para todo el país. Seguiremos con el tema, amigos.