Por: Roberto Morejón
En un paso más para atemorizar a los participantes en las protestas sociales, el presidente chileno, Sebastián Piñera, y partidos derechistas impulsaron leyes extremas.
En esa dirección se inscribe la promulgación de una ley contra las barricadas y saqueos, con aumento de sanciones a los seguidores de las protestas, algunas de ellas multitudinarias, contra el modelo económico favorecedor de la desigualdad.
Mediante esa herramienta recibirán castigos más pronunciados quienes impidan el libre tránsito, arrojen objetos a los agentes del orden y sus vehículos y conminen a choferes a bailar.
Ocurre que chilenos sumados al malestar proyectado desde octubre pasado bloquearon rutas y luego pidieron a los conductores de vehículos civiles a bajarse y bailar, si querían continuar su camino.
A esa práctica singular la denominaron “el que baila pasa”, pero el gobierno y la derecha la consideraron incómoda por su proliferación.
Más allá del tono de humor utilizado para adornar demostraciones públicas, resalta la acuciosa persecución del poder al descontento.
Ante esa tendencia, la ONU atajó los argumentos de los conservadores para adelantar la ley antisaqueos y antibarricadas, al recordarle a Piñera la necesidad de las democracias de garantizar la expresión pública, con la colocación de objetos si no culmina en violencia.
En el criterio del organismo internacional, con los cuerpos legales apuntados se coarta la prerrogativa de reunión y asociación.
A la misma cuerda se unieron millones de chilenos que consideran las nuevas leyes como un intento de atemorizar a los opositores.
Los movimientos legales de Piñera y sus socios legisladores se incorporan al uso excesivo de la fuerza contra de los manifestantes, incluyendo niños y adolescentes.
Las autoridades ingresaron forzosamente al Servicio Nacional de Menores a más de 100 participantes de corta edad en las concentraciones en plazas y calles.
Kevin y Mauricio Soto, de 16 años, permanecen en internamiento provisional, sin llevarlos a tribunales, imputados por supuesta tenencia de armas cuando solo poseían botellas y alcohol.
Los carabineros tienen órdenes de neutralizar a quienes desafían al régimen económico neoliberal implantado por Augusto Pinochet y fueron acusados de provocar heridas oculares a más de 400 personas.
Esos efectivos y la policía llevaron a prisión preventiva a más de 2 mil 500 personas, 3 mil 500 a controles de detención y a más de 23 mil les formalizaron cargos.
Por ese camino policíaco y de leyes de exterminio no se divisa la paz como afirma desear Piñera.