Por: María Josefina Arce

En abril de 2019 se hizo efectiva la retirada de Venezuela de la OEA, pero la Organización de Estados Americanos, bajo la tutela de Estados Unidos, continúa inmiscuyéndose en los asuntos internos de la nación sudamericana.

Ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un instrumento del organismo regional, pretende, sin ser invitada por el gobierno constitucional, efectuar esta semana una visita a territorio venezolano por supuestas violaciones de las prerrogativas ciudadanas.

La visita ha sido “autorizada ” nada más y nada menos que por el opositor Juan Guaidó, quien con la anuencia de Washington, se declaró ilegalmente el pasado año presidente interino de Venezuela.

Los delirios de grandeza de Guaidó no tienen límites. Persiste en la farsa de considerarse el jefe de Estado, cuando nunca ha sido apoyado por la mayoría de los venezolanos y ahora ni siquiera parte de la oposición le concede el menor crédito.

Su figura es cada vez más cuestionada, pues denuncias de corrupción lo rodean. Pero evidentemente a Guaidó le gusta mucho el dinero. Recordemos que en septiembre pasado Estados Unidos anunció un paquete de 52 millones para el cabecilla opositor.

Pero las legítimas autoridades venezolanas han dejado claro que no autorizarán la entrada al país de la comisión, pues Caracas ya no pertenece a la OEA, que ha llevado a cabo acciones injerencistas con el fin de derrocar al presidente Nicolás Maduro, electo en las urnas por la mayoría de los venezolanos.

El mandatario ha manifestado que el organismo regional se ha transformado abiertamente en un espacio de dominación imperial.

El secretario general del foro regional, Luis Almagro, al servicio de los intereses norteamericanos, ha buscado en todo momento justificar una intervención militar en Venezuela y llamado a un golpe de estado.

Sus planes, secundados por un reducido número de países, también al servicio de Washinton, se vio frustrado por la valiente oposición de otras naciones como las caribeñas.

Pero lo cierto es que Almagro ha dedicado su gestión al frente de la OEA desde mayo de 2015 a agredir a Venezuela y a su pueblo. A solo un año de llegar a la secretaría general ya pidió, de manera ilegal, que se activara el procedimiento para abrir la Carta Democrática contra el estado sudamericano, aún cuando es solamente un país miembro el que puede hacer tal solicitud.

Las acciones de la OEA constituyen una amenaza para la seguridad regional, así como para el derecho a la paz y la estabilidad del pueblo venezolano.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nada tiene que hacer en Venezuela, cuyo gobierno legítimo decidió abandonar el organismo regional por sus constantes agresiones, una decisión soberana que debe respetarse.