Por María Josefina Arce

Entre los grandes retos del nuevo gobierno de Argentina presidido por Alberto Fernández está la lucha contra el hambre, que afecta con especial fuerza a los sectores con mayor vulnerabilidad económica y social.

Al asumir el gobierno el pasado diez de diciembre Fernández encontró un panorama nada alentador. Durante el mandato de su antecesor, Mauricio Macri, se había incrementado el número de personas que padecían inseguridad alimentaria.

Un informe de la ONU, publicado a finales del pasado año, reveló que bajo el gobierno de Cambiemos se elevó a cinco millones la cifra de hambrientos en Argentina.

El documento no incluía el 2019 cuando los salarios tuvieron hasta agosto, el último dato disponible, una caída real de 10,6% respecto a la Canasta Básica Alimentaria.

Para nadie es entendible que en un país que produce gran cantidad de alimentos haya personas con hambre y más del 40 por ciento sufra desnutrición.

Dada la complejidad del problema, el gobierno se trazó de inmediato un plan con un enfoque integral, pues la inseguridad alimentaria está estrechamente ligada a bienestar social y a su materialización en aspectos como el empleo, salario, salud y educación, entre otros.

Entre sus primeros pasos el ejecutivo lanzó el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, que tendrá entre sus principales ejecutores al Ministerio de Desarrollo Social.

Como parte de esa estrategia se implementó la Tarjeta Alimentaria, una asignación a madres y padres de hijos hasta seis años que reciben la Asignación Universal por Hijo.

El Plan recibe el apoyo de la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que pone a disposición del país sudamericano a especialistas en políticas sociales y alimentarias.

Esta cooperación es resultado del encuentro que a inicios de este mes mantuvo en Roma, sede de la FAO, el presidente Fernández con el director ejecutivo del organismo internacional, Qu Dongyu.

Los enviados del organismo especializado de la ONU tienen previsto mantener reuniones con funcionarios de los Ministerios de Desarrollo Social, de Salud y de Relaciones Exteriores y Culto, así como con representantes del poder legislativo y de la sociedad civil.

El nuevo gobierno argentino ha pasado de las palabras a las acciones, pues Mauricio Macri dejó una nación devastada. El agravamiento de la crisis económica durante su mandato, una inflación sin control y medidas oficiales que no dieron en el centro de la solución a los problemas reales sumergió a buena parte de la sociedad en la pobreza y el hambre.