Por María Josefina Arce

En octubre pasado los indígenas ecuatorianos pusieron en jaque al gobierno neoliberal del presidente Lenín Moreno, que declaró el toque de queda y la militarización de Quito, la capital, y el estado de excepción en el país, ante la intensidad de las protestas.

Las autoridades, como ya se ha hecho común en la región cada vez que los pueblos salen a las calles a exigir sus derechos, culparon a Venezuela y en este caso en particular al ex presidente Rafael Correa de las manifestaciones indígenas.

El detonante visible fue el anuncio de un plan de ajuste económico, que comprendía el fin a los subsidios al combustible, pero debajo subsistían el descontento popular ante el rumbo que ha tomado el país bajo el mandato de Moreno, que incluso ha traído de vuelta al Fondo Monetario Internacional y sus recetas neoliberales.

El gobierno, como también se ha hecho habitual en algunas naciones del área, recurrió a la fuerza. La violencia desatada por las llamadas fuerzas del orden dejaron siete muertos, incluido un líder indígena, unos mil 300 heridos y mil 152 detenidos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

El decreto gubernamental, conocido como 883, llevó a un aumento de 123 por ciento de las tarifas de los combustibles, lo que golpeó con fuerza a los sectores más humildes, entre ellos a más de un millón de indígenas que se encuentran en la pobreza y representan algo más del 8% de la población del país.
Fue tanta la presión popular que Moreno tuvo que eliminar el decreto, al tiempo que convocó a un diálogo con los movimientos sociales.

Entre otras propuestas, las comunidades indígenas llamaron a que la riqueza que es creada por todos los ecuatorianos sea distribuida de forma equitativa para permitir avanzar en la construcción de una sociedad libre, justa, democrática y participativa.

Pero los meses han pasado y los ecuatorianos estiman que no han visto mejorías en el país, al tiempo que ven con preocupación el coqueteo de Moreno con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

De hecho más del ochenta por ciento de los ciudadanos rechaza la actuación del presidente e incluso un 85 por ciento no da credibilidad a sus discursos y pronunciamientos, de acuerdo con sondeos de opinión.

En las últimas horas la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, aseguró que el gobierno no ha mostrado avances en cuanto a la alternativa económica presentada por los colectivos indígenas.

La Confederación denunció que nunca fue estudiada su propuesta al país, y luego de ser presentada a la Asamblea Nacional de Ecuador ha sido engavetada sin discusión o análisis por las autoridades.

Lo que si hay, alertaron, son procesos penales abiertos en contra de los dirigentes y los luchadores sociales, los cuales son criminalizados por haber ejercido el derecho a la protesta social y el derecho a la resistencia.

Ecuador, bajo la gestión de Lenín Moreno, ha visto aumentar la desigualdad, el desempleo y la inestabilidad. Atrás quedaron los avances económicos y sociales de la Revolución Ciudadana, que puso en marcha Rafael Correa bajo su presidencia.