Por Maria Josefina Arce
Cada día el mundo amanece con alarmantes cifras de fallecidos y contagiados por la COVID 19. En Chile el primer caso de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus se reportó a principios del pasado mes y ya hoy el número de infectados se acerca peligrosamente a más de ocho Mil.
La actual emergencia sanitaria mundial ha vuelto a revelar las desigualdades existentes en la nación austral y que son altamente palpables en el sistema sanitario, una denuncia que centró el estallido social del pasado mes de octubre.
Desde la época de la sangrienta dictadura del general Augusto Pinochet en Chile coexisten el sistema sanitario privado, muy caro, y el público al que está afiliado el 80 por ciento de las población y que tiene una frágil infraestructura con falta de insumos y largas esperas.
Pero eso no parece ser la prioridad del presidente Sebastian Piñera, quien se escudó en la dura realidad impuesta por la COVID 19 para intentar liberar a represores de la dictadura pinochetista, acusados de crímenes de lesa humanidad.
Piñera, conocido por su apoyo a la dictadura que escribió una oscura página en la historia chilena, osó plantear que había que garantizar una muerte digna a las personas condenadas por crímenes de derechos humanos o de cualquier naturaleza que le quedan semanas de vida.
Sus declaraciones provocaron una ola de indignación entre los chilenos, que condenaron y denunciaron las tretas de la derecha para incluir a los represores en un indulto para unos Mil 300 presos, que podrán cumplir el resto de su condena en arresto domiciliario.
Los violadores de los derechos humanos, recordaron organizaciones sociales y de familiares de desaparecidos, están recluidos en Colina I y en Punta Peuco, dos amplias cárceles con acceso a televisión y jardines donde reciben a sus familiares y en las que no se has reportado ningún contagiado.
Los expertos habían advertido que podría repetirse la historia, pues esas supuestas razones humanitarias fueron las que liberaron a Pinochet de sus responsabilidades penales por los innumerables crímenes cometidos.
Y aunque la derecha se vio obligada a retirar un requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional contra el indulto por no incluir a los represores, la amenaza sigue latente, pues según ha trascendido el presidente solicitó al Ministerio de Justicia revisar las solicitudes de indulto particular que cualquier reo haya presentado y esté en espera de una decisión presidencial. Más claro ni el agua.
