Por Maria Josefina Arce
Gran polémica ha causado en Uruguay la presentación en medio de la pandemia por el gobierno del derechista Luis Lacalle Pou de la Ley de Urgente Consideración, que abre numerosas interrogantes sobre los derechos de los trabajadores a expresar sus demandas y amplía el poder de las fuerzas represivas.
La oposición señaló que no era adecuado enviar el proyecto en el marco de una emergencia sanitaria, que impide un amplio debate en las condiciones restrictivas de la COVID 19, un aspecto igualmente denunciado por representantes de diversos sectores.
Lo que distingue a esta disposición son los plazos máximos de su tratamiento y que difieren, según la Cámara que reciba primero el proyecto, de 45 a 30 días. El tratamiento parlamentario no puede exceder los tres meses.
El Senado aprobó en los últimos días la legislación, calificada por el izquierdista Frente Amplio de inoportuna y regresiva para los intereses de la mayoría. La organización, que se opuso a buena parte de los artículos, puntualizó que la nueva normativa criminaliza las protestas y restringe el derecho de huelga.
Aunque se modificaron numerosos acápites por las observaciones del Frente y de otros partidos que permitió eliminar la privatización de la empresa pública de telecomunicaciones, en opinión de varios senadores aún permanecen aspectos graves, como una serie de leyes fiscales que favorecen al sector privado.
Uno de los aspectos más controvertido es el que amplía el poder de las fuerzas represivas, algo que trae a la memoria los tiempos de la dictadura militar, una herida aún abierta en la sociedad uruguaya.
El hecho es que la legislación, que ahora está en la Cámara de Representantes, libera de consecuencias penales a la llamada legítima defensa, un término que puede llevar a múltiples interpretaciones y a violaciones de los derechos humanos.
La educación también está en la mira de la ley, que de acuerdo con numerosos detractores, va hacia la privatización y descuida la enseñanza pública, de la que se beneficia gran parte de los niños y jóvenes del país sudamericano.
Uruguay se encamina a paso forzado hacia un proyecto conservador, que pone en riesgo los avances de 15 años de gobierno del Frente Amplio, que culminó su mandato con una alta aprobación por sus conquistas sociales.
