Por: Guillermo Alvarado

La Defensoría del Pueblo informó el fin de semana que ocho campesinos fueron asesinados en el departamento de Norte de Santander, Colombia, un crimen que se viene a sumar a la sangría interminable en el país sudamericano donde la firma de la paz no trajo el fin de la violencia y la muerte.

Solo en lo que va de 2020 perdieron la vida 152 personas, entre líderes comunitarios, defensores del medio ambiente y de los derechos humanos y antiguos combatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP.

Desde que en noviembre de 2016 se firmó eso que algunos llaman paz fueron abatidos 971 dirigentes populares y 218 exguerrilleros, una cifra que indica a las claras que no se trata de actos aislados sino de un programa de exterminio cuidadosamente planificado y llevado a la práctica.

Este clima de hostilidad contra los movimientos sociales y desmovilizados de las FARC-EP, se incrementó cuando ocupó la presidencia Iván Duque, un ahijado político de Álvaro Uribe, señalado de ser un entusiasta organizador de escuadrones de la muerte.

Hasta el momento las autoridades se han desentendido de esta matanza y la mayoría de los culpables disfrutan de total impunidad.

Si bien estos hechos han ocurrido en 29 de los 32 departamentos de Colombia, la mayor parte se concentran en 125 municipios que se caracterizan casi todos por elevados niveles de pobreza y exclusión, así como por la presencia de grupos armados irregulares y bandas del narcotráfico.

Los lugares más críticos están en Cauca, Antioquia y Nariño, de acuerdo con un informe elaborado por El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, con el cual se pretende sensibilizar sobre este problema a legisladores y sectores de la opinión pública colombiana.

La pandemia de covid-19 y las medidas decretadas para romper la cadena de contagios en lugar de aplacar estos asesinatos, los han incrementado.

Así lo demuestra la investigación del Indepaz, donde se indica que desde el 6 de marzo, fecha en que se conoció el primer caso en Colombia, murieron de manera violenta 95 líderes comunitarios, de los que 82 fueron asesinados después del 23 de ese mes, cuando se decretó el confinamiento.

Diversas entidades de la ONU han expresado su preocupación por esta cadena interminable de muertes, lo que no ha inquietado para nada al presidente Duque, que prefiere volver sus armas contra la vecina Venezuela, a la que acusa con cinismo de violar los derechos humanos.

Se trata del típico caso del que ve la paja en el ojo ajeno, pero ignora la viga que tiene clavada en el propio.