Por Guillermo Alvarado (RHC)

Una de las noticias de la semana fue la orden de detención emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, de Colombia, en contra de Álvaro Uribe, expresidente del país y actual senador, por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

Aunque el líder del partido de extrema derecha Centro Democrático quedó en reclusión domiciliaria, la información generó una ola de satisfacción en esa nación sudamericana, donde se temía que la impunidad acompañaría al antiguo gobernante durante toda su vida.

Por mucho tiempo numerosos sectores políticos y sociales han sostenido que Uribe está estrechamente vinculado al auge del paramilitarismo, el espionaje, la persecución y asesinato de líderes sociales y opositores y otros ilícitos, como el escándalo de los llamados “falsos positivos”.

Esta trama consistió en el asesinato de jóvenes inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate y que, de esta manera, soldados y oficiales del ejército pudiesen cobrar premios monetarios.

Aunque nunca se ha demostrado, también se le vincula con algunos jefes de las bandas del narcotráfico que envían estupefacientes hacia Estados Unidos, cuyas autoridades mantienen un silencio cómplice en este sentido.

La Corte Suprema acusa en concreto a Uribe de manipular, por medio de sus abogados, a testigos que lo señalan por la creación de  bandas armadas irregulares.

Uno de estos juristas, Diego Cadena, reconoció haber entregado una suma de dinero al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, actualmente en prisión, aunque dijo que fue por “motivos humanitarios” y no para chantajearlo.

Monsalve había declarado en 2013 que en la finca “Guacharacas”, propiedad de la familia Uribe, se había creado una de esas agrupaciones, pero luego de recibir los fondos se retractó.

Los magistrados de la Corte Suprema decidieron aplicar al abogado Cadena la detención domiciliaria hasta que se aclare su participación en estos hechos.

Un comunicado del máximo tribunal colombiano señala que tienen pruebas que al parecer apuntan al antiguo gobernante como autor de los delitos de soborno a testigo en actuación judicial y fraude procesal.

El presidente Iván Duque, ahijado político de Álvaro Uribe, apostó por la inocencia de su mentor, en tanto el senador progresista Iván Cepeda recordó que nadie está por encima de la ley.

Será un camino arduo en pos de la verdad, durante tantos años oculta, y por lo menos ya se dio un primer paso que, como dice el refrán, vale más tarde que nunca.