Por: Guillermo Alvarado

Los trabajadores indocumentados y sus familias hacen un importante aporte económico a Estados Unidos, además de realizar labores esenciales en estos tiempos de pandemia, pero quedaron excluidos de los programas de asistencia financiera decretados por el gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, el aporte global de este sector, sumando los resultados de su trabajo y el nivel de consumo, se eleva a mil 670 millones de dólares, es decir 1,67 billones según la notación estadounidense.

En estos momentos representan una buena parte de la mano de obra en la producción de alimentos en el campo, así como en los servicios de salud para atender a los enfermos de covid-19.

No obstante, ni en el primer paquete de ayuda financiera decretado por el Estado hace unos meses, ni en el que se debate en la actualidad en el Congreso, o los decretos firmados el fin de semana por Trump, se hace la más mínima mención a los indocumentados.

Hay en la nación norteña más de once millones de trabajadores en situación irregular, pero que hacen un aporte vital a la economía de esa potencia, sin recibir a cambio ningún beneficio.

Por carecer de documentos, se ven impedidos de obtener un seguro de salud, y quienes los emplean tampoco pueden gestionarlo.

Si pierden el empleo no hay forma de que puedan recibir las garantías estatales que, por cierto, el presidente recortó en su último decreto de 600 a 400 dólares semanales, una medida criticada por la dirección del partido Demócrata que pugnaba por un monto más elevado.

Raul Hinojosa, autor del informe multidisciplinario de la UCLA y director del Centro Norteamericano de Integración y Desarrollo, declaró al diario mexicano La Jornada que la falta de ayuda a los trabajadores indocumentados es muestra de las sistémicas desigualdades racistas en Estados Unidos.

Se trata, dijo, del sector más vulnerable y golpeado por la crisis, tanto la sanitaria como la económica, al que deberían darle alternativas a corto plazo, por medio del acceso a la ayuda económica, así como a un plazo más largo al ofrecérseles legalizar su situación.

El estudio revela que entre los sin papeles el desempleo subió hasta el 29 por ciento, muy superior a la media nacional de 10,2 puntos.

Esenciales pero desechables, dice el texto, y agrega que no solo son excluidos de apoyos y programas de asistencia federales, sino reciben los salarios más bajos y están concentrados en trabajos de alto riesgo ante la pandemia.