Por: Guillermo Alvarado

Profunda indignación causó en diversos sectores de la sociedad guatemalteca la ocurrencia de un diputado, con varios señalamientos de corrupción, de presionar a la cancillería del país para suspender el convenio de asistencia médica cubana a los sectores más desprotegidos de ese pueblo.

Este programa se inició tras el paso del huracán Mitch por Centroamérica en 1998 y sus beneficios se ampliaron con la creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM, y la Operación Milagro.

De acuerdo con una nota difundida por la embajada de Cuba en Guatemala, la misión médica de forma ininterrumpida ha atendido a más de 47 millones 344 mil 121 pacientes y ha realizado más de 494 mil 360 cirugías. Los centros oftalmológicos le permitieron recobrar o mejorar la vista a más de 201 mil personas de escasos recursos.

Los 441 profesionales cubanos que están hoy en la nación centroamericana forman parte de la primera línea de combate a la covid-19.

Sin embargo, el diputado Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, se lanzó de lleno contra esta ayuda solidaria y desinteresada. Conviene saber quién es este sujeto, porque su baja catadura moral permite explicar un gesto tan despreciable.

Miembro de una familia de ricos empresarios metidos en la versión más sucia de la política, por lo que hay varios de ellos en espera de procesos judiciales o en franca fuga, el legislador no escapa a esa conducta.

Forma parte de lo que ha venido en llamarse “pacto de corruptos”, un grupo de diputados que impulsan leyes para proteger sus privilegios y garantizar impunidad a sus negocios turbios.

Alejos está en la mira de la justicia desde 2015 por tráfico de influencias y sobornos. Aprovechando su cargo, se dedicaba a cobrar a grandes empresas jugosas sumas de dinero a cambio de garantizarles beneficios fiscales.

Aunque hay suficientes evidencias para llevarlo a juicio, la Corte Suprema de Justicia desde 2018 se ha negado tres veces a retirarle la inmunidad. Esta semana la Corte de Constitucionalidad ordenó por cuarta ocasión que se active el proceso, que difícilmente avanzará por la sencilla razón de que el Congreso es el que nombra a los supremos magistrados. Favor con favor se paga.

Tal es el tipo que en plena pandemia de covid-19 pidió que se retiren los médicos cubanos, que están en lugares de Guatemala a donde otros profesionales, ni del sector público, menos aún del privado, se atreven a llegar.

Como dije hace un par de días en una de las llamadas redes sociales recordando al político francés Joseph Fouché, tal pretensión es peor que un crimen, es una estupidez.