Bogotá fue epicentro de manifestaciones violentas en la noche de los días 9 y 10 de septiembre por la muerte de Ordóñez, de 46 años, a manos de dos policías  Luisa Gonzalez / Reuters

Por: Guillermo Alvarado

La sociedad colombiana conoció consternada la muerte en la ciudad de Bogotá del abogado Javier Ordóñez, ocurrida luego de que dos agentes de la policía lo inmovilizaron contra el suelo y le aplicaron varias veces descargas eléctricas con una pistola taser.

El hecho ocurrió ante numerosos testigos que lo grabaron e intentaron inútilmente intervenir a favor de la víctima.

Luego del violento arresto, Ordóñez fue llevado hasta una estación de policía y de allí a una clínica donde falleció. Según su familia el jurista, de 46 años, carecía de antecedentes penales y no cometió ningún delito que justificara una agresión tan brutal.

Tras conocer el suceso, la alcaldesa de la capital de Colombia, Claudia López, dijo que se trata de un caso de abuso policial inaceptable y exigió que ese cuerpo se disculpe por el crimen y se dé un castigo ejemplar a los culpables.

La concejala Heidy Sánchez comparó el caso con la muerte en Estados Unidos de George Floyd, asfixiado por un agente que puso la rodilla sobre su cuello.

Tras la muerte de Ordóñez se produjeron manifestaciones de protesta en Bogotá que culminaron en enfrentamientos entre la policía y grupos violentos con un saldo más de una decena de civiles muertos y numerosos heridos.

Los acontecimientos sacaron a primera línea el empleo por la policía de las pistolas de electrochoque, como las de tipo taser, que han causado más de 300 víctimas fatales en varios países del mundo.

Ese artefacto lanza dos dardos unidos a alambres que descargan electricidad, cuya intensidad y voltaje se puede variar y provoca la inmovilización del objetivo al paralizar sus músculos.

Supuestamente no causan daños, pero hay suficiente documentación que demuestra lo contrario. El Comité de la ONU contra la Tortura ha recomendado a los países miembros de la organización que abandonen el uso de ese tipo de armas.

Agregó que la descarga provoca un dolor intenso a quien la sufre que puede ser equiparado a una forma de tortura.

Personas con problemas cardiovasculares, respiratorios agudos o que tengan instalado un marcapasos, condición que un policía es incapaz de percibir a simple vista, podrían fallecer en el acto.

En el caso de Ordóñez los testigos aseguran que sufrió no una, sino varias descargas eléctricas a pesar de que reclamó a sus agresores en varias ocasiones que por favor dejaran de hacerlo.

Una conducta verdaderamente criminal por parte de quienes, supuestamente, están al servicio de la seguridad de los ciudadanos.