Los daños por retirar la protección a estas personas son amplios porque la mayoría fundaron hogares y tienen hijos nacidos en Estados Unidos. Foto / AP.

Por: Guillermo Alvarado

Un tribunal de Estados Unidos dio luz verde a la decisión del polémico presidente Donald Trump de expulsar de ese país a cientos de miles de personas, que habían hallado refugio gracias a un Estatuto de Protección Temporal, TPS, otorgado por razones humanitarias.

Se trata de un mecanismo creado hace 30 años para permitir que inmigrantes sin papeles que huyeron de su lugar de origen debido a guerras, desastres naturales o inseguridad pudiesen residir en la nación norteña, donde se les otorgaban documentos y derecho a trabajar.

Desde que Trump llegó a la Casa Blanca expresó su deseo de poner fin a este programa, con el pretexto de que las causas que lo motivaron ya habían desaparecido y sus beneficiarios podían retornar a su país.

Un juez rechazó estos argumentos y concedió amparo a los migrantes, pero ahora la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California, formada por tres magistrados, decidió por dos votos a uno darle la razón al gobierno.

Esto significa que por lo menos 300 mil personas y sus familias de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán deben abandonar Estados Unidos a partir del 5 de marzo del año próximo.  Se les sumarán también ciudadanos de Honduras y Nepal.

Los daños por retirar la protección humanitaria a estas personas son muy amplios porque la mayoría fundaron hogares y tienen hijos nacidos en Estados Unidos, por lo tanto con la ciudadanía local, que tendrán que sufrir el desarraigo o ser separados de sus padres para permanecer allí.

También afecta a cientos de miles de parientes que sobreviven a severas condiciones de pobreza gracias a las remesas enviadas desde el norte.

Por otra parte, es falsa la afirmación de que la violencia e inseguridad hayan desaparecido en muchas naciones emisoras de migrantes, como puede verse cotidianamente en las noticias de El Salvador, Honduras o Haití.

La Asociación Americana de Derechos Civiles del sur de California dijo que apelará el veredicto del tribunal y, si es necesario, elevará el caso hasta la Corte Suprema de Justicia.

Otra alternativa es que Trump pierda en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre próximo y que Joe Biden, candidato por el partido Demócrata, cumpla con su promesa de revisar el TPS y garantizar la protección de quienes están bajo su amparo.

Si nada de esto funciona, no quedará más que la expulsión y quizás la separación de muchas familias con largos años de vida en común, lo que vendría a comprobar una vez más que los pobres, no son bienvenidos en el paraíso capitalista.