Imagen ilustrativa de Archivo
Por María Josefina Arce/RHC
El fin de la violencia es un constante reclamo de la sociedad colombiana, que ha visto esfumarse la esperanza que nació tras la firma del acuerdo de paz suscrito en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la otrora guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
Ni aún en medio de la COVID 19, los colombianos han dejado de manifestar en las calles su rechazo al accionar del gobierno del presidente Iván Duque frente a los hechos violentos que cada día estremecen al país suramericano.
La falta de respuesta de las autoridades ha sido reiteradamente denunciada por organizaciones sociales, sindicales e indígenas y la sociedad en general.
Cerca de 70 masacres se han registrado este año en suelo colombiano. Líderes sociales, defensores de los derechos humanos, indígenas, ex guerrilleros y jóvenes han sido asesinados por grupos paramilitares y criminales que se disputan territorios.
La indiferencia ante esa situación ha caracterizado el accionar del presidente, quien ignoró a los miles de indígenas que llegaron el domingo 18 a Bogotá, tras recorrer 597 kilómetros, para exigir el cumplimiento por el ejecutivo del acuerdo de paz y el cese de la violencia.
Desde 2016 han sido ultimados más de 300 líderes indígenas, un pueblo despojado de sus tierras y que tiene un índice de pobreza del 63 por ciento, el triple del promedio nacional.
Duque nunca respondió al pedido de reunión formulado por la minga, como también se conoce a la protesta indígena, y que se sumó al paro nacional del pasado día 21.
El movimiento, que tuvo lugar en las principales ciudades del país, dejó claro el rechazo a las masacres y asesinatos ocurridos en territorio colombiano en los últimos meses.
Ahora hacia la capital avanza igualmente la Peregrinación en Defensa de la Vida y la Paz, que protagonizan ex miembros de la antigua guerrilla, quienes han sido objeto de un brutal y sistemático exterminio.
Cerca de 240 ex combatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, 154 bajo el mandato de Duque.
Los ex guerrilleros hicieron dejación de las armas y han buscado integrarse a la sociedad, pero no cuentan con las garantías de seguridad, ni oportunidades, pues las autoridades no han cumplido con lo pactado.
El gobierno de Duque ha pisoteado la paz y no respeta el derecho a la vida. Hasta ahora no ha escuchado a los colombianos que insistentemente reclaman que se ponga en práctica el acuerdo suscrito en 2016 y cese la violencia.
