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Por: Guillermo Alvarado

Cuando faltan pocos días para cumplirse el tercer aniversario de la tragedia del submarino de la Armada de la República Argentina “San Juan”, donde perecieron sus 44 tripulantes, se anunció que los mandos militares vinculados a la pésima gestión de este drama serán sometidos a un consejo de guerra.

Se trata del almirante Marcelo Eduardo Srur, ex jefe de la Armada durante el gobierno de Mauricio Macri, el contralmirante Enrique López Mazzeo y otros seis oficiales acusados de infracciones graves cometidas antes, durante y después del desastre.

El 15 de noviembre de 2017 se tuvo el último contacto con la nave y ocho días después el gobierno informó que, de acuerdo con registros sónicos obtenidos, se habría producido “un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión”.

Una forma alambicada de decir que el submarino explotó, más bien implosionó y no había posibilidades de hallar sobrevivientes.

El dolor y la incertidumbre de los familiares se prolongaron inútilmente hasta el 16 de noviembre de 2018, cuando se conoció oficialmente el hallazgo de los restos del navío y se ratificó la hipótesis inicial.

Digo inútilmente, porque el gobierno de Macri conocía este dato desde 20 días posteriores a la tragedia, como lo reconoció el contraalmirante López Mazzeo en la causa civil que se lleva a cabo por estos acontecimientos.

Todavía falta por establecer por qué el ejecutivo ocultó la información durante un año e, incluso, contrató a una empresa para realizar una búsqueda cuyo resultado conocía de antemano.

Sobran razones para que el expresidente Macri esté, no en el estrado de los testigos, sino en el banquillo de los acusados, tanto en el juicio civil como en el recién convocado Consejo de Guerra. Al fin y al cabo, él era Comandante General de las Fuerzas Armadas argentinas.

Se sabe, también, que el San Juan no estaba en condiciones técnicas y materiales de realizar la misión que se le asignó, que consistía en un largo patrullaje en Ushuaia, Tierra del Fuego, a dos mil kilómetros en línea recta de su base en Mar del Plata.

Hubo, pues, irresponsabilidad de la línea de mandos, se ocultaron datos que prolongaron el sufrimiento de decenas de familias, se mintió al país y a la comunidad internacional y ahora existe justo derecho a conocer toda la verdad y sancionar, tanto por la vía militar como por la civil, a los culpables.

La justicia no es venganza, es la única posibilidad de reparar los daños causados al tejido social y resarcir a las víctimas.     FIN