La ministra fue destituida en un juicio político por su responsabilidad en la represión de las protestas de octubre de 2019. Foto AFP / L. Robayo

Por: Roberto Morejón

El fulminante juicio y destitución de la ministra ecuatoriana de Gobierno, Paula Romo, expresa la profunda crisis política y social que, acompañada del declive económico, estremecen al país.

Calificada de superministra por el poder concentrado en sus manos y convertirse en lo que señalan como mano derecha del presidente Lenín Moreno, Romo fue inculpada por la brutal represión de las protestas de octubre de 2019.

Debe recordarse que en esa fecha muchos ecuatorianos protagonizaron resonantes manifestaciones de denuncia de los planes gubernamentales de imponer un paquete neoliberal.

La respuesta policial y militar ordenada por la ministra desalojada provocó 11 muertos y más de mil 500 heridos, con escenas de apremios físicos que dieron la vuelta al mundo.

En aquellos días lúgubres, las fuerzas policiales también recibieron críticas por acciones cuestionables en enclaves donde acogieron a manifestantes, por cuya responsabilidad también debió responder ahora la enérgica titular.

Llamó la atención su altivez ante los cuestionamientos en el juicio político y su insistencia en confundir sobre las protestas de 2019, descritas por Romo como un intento de golpe de estado.

No se trata de una posición aislada, pues el gobierno ecuatoriano trató de minimizar el relieve de las demostraciones y tergiversar sus móviles.

Ha sido tan discutida la señalada ministra que hasta una parte de los asambleístas afiliados a grupos de derecha se sumaron a la votación en su contra en la Asamblea nacional.

Analistas lo interpretaron como un intento de tomar distancia del polémico rumbo gubernamental, con vista a las elecciones en Ecuador fijadas para febrero del año próximo.

El país sudamericano vive en constante zozobra económica pese al auxilio del Fondo Monetario Internacional y adoleció de una estrategia consistente frente al curso de la pandemia por el nuevo coronavirus.

Los muertos por la COVID-19 encontrados en las calles de la ciudad de Guayaquil ante hospitales y funerarias colapsadas consternaron a la opinión pública.

Con cuatro vicepresidentes electos en el presente mandato, denuncias de corrupción y el absurdo acecho a opositores políticos, Ecuador navega entre la debilidad estructural y el descrédito de la gastada clase política tradicional.

NO asombra entonces el ruidoso derrumbe de la superministra.