Por María Josefina Arce

Toda una trama de corrupción rodea a Juan Guaidó, quien hace dos años se declaró ilegalmente presidente interino de Venezuela, como parte de un plan golpista de Estados Unidos contra la nación suramericana.

Los verdaderos intereses de Guaidó y su inexistente gobierno interino han quedado una vez más al descubierto: el enriquecimiento a costa de los activos venezolanos en el exterior, robados en alianza con el gobierno del entonces presidente estadounidense Donald Trump y de autoridades y funcionarios de otras naciones.

El opositor y su entorno más cercano han lucrado con los recursos de los venezolanos. Caracas ha denunciado como habia pedido que los fondos del estado guardados en el Banco de Inglaterra fueran utilizados para la compra de vacunas contra la COVID 19.

Sin embargo, Guaidó a través de un bufete de abogados impidió esa acción humanitaria, dejando claro una vez más que el pueblo venezolano no está entre sus prioridades.

La trama se extiende a Paraguay, que negoció con los allegados al cabecilla opositor la deuda millonaria que tiene con Venezuela.

Asunción debe a Caracas 300 millones de dólares y negoció con Guaidó, a quien entregó 100 millones. Unos 26 millones fueron en comisiones a todos los involucrados en las negociaciones, incluído el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez.

Las maniobras para quedarse con los recursos que por derecho son de los venezolanos también se extienden a CITGO, filial de la estatal PDVSA en territorio estadounidense.

CITGO ha sido robada por Estados Unidos, a través de un endeudamiento ilegal con la complicidad de Guaidó y sus acólitos.

Ya en 2019 el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la derechista Asamblea Nacional y a la administración de Trump del robo de MIL 300 millones de dólares de esa filial venezolana en suelo norteamericano.

Es una operación gigantesca de corrupción que ha hecho multimillonarios a Guaidó y sus colaboradores, quienes se han aprovechado de los recursos del país para hacerse de unas riquezas personales brutales, denunció en los últimos días el presidente de la actual Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez.

Las sanciones, presiones y el hurto de los activos de la nación suramericana en el exterior han afectado los programas sociales de la Revolución Bolivariana a favor de todos los ciudadanos, en especial de los más humildes.

Ahora en medio de una enfermedad,  con alto grado de contagio y letalidad, estas acciones constituyen un atentado a la salud y vida de los venezolanos, lo que no parece importar mucho a Guaidó y su círculo cercano, más preocupados por engrosar sus riquezas.