Imagen tomada de El Periódico.

Por María Josefina Arce

América Latina es la segunda región del mundo más letal para las mujeres, con 14 de los 25 países con las más altas tasas de feminicidios, dado  a los patrones socio culturales machistas,  ha advertido la ONU.

La COVID 19 ha venido a complicar más la situación, a la que no escapa Argentina, donde el pasado año 300 mujeres fueron ultimadas, mientras se registraron otros 278 intentos de asesinatos.

El fenómeno se intensificó a partir de marzo cuando el gobierno decretó la cuarentena para contener la pandemia. Los datos recopilados  por el Registro Nacional de Feminicidios de las Mujeres de la Matria Latinoamericana determinó que en el 40 % de los casos, víctima y victimario convivían juntos.

Durante 2020 las llamadas a la línea de ayuda aumentaron un 21, 4 por ciento respecto al año anterior. Noventa por ciento de ellas estaban vinculadas a casos de violencia doméstica.

Este año tampoco ha empezado bien. Ya se contabilizan más de 30 muertes de mujeres y niñas. Las estadísticas revelan que cada 24 horas tiene lugar un feminicidio.

La situación preocupa al gobierno del presidente Alberto Fernández, que ha puesto en marcha diversas iniciativas. En ese contexto se inscribe el Programa Interministerial entre las carteras de Seguridad y Justicia para el abordaje integral de la violencia extrema.

En septiembre pasado se lanzó asimismo, el proyecto Acompañar, que contempla una inversión de 4 MIL 500 millones de pesos para brindar apoyo económico a las féminas en riesgo.

El problema es viejo. Ya durante los dos mandatos de Cristina Fernández se adoptaron una serie de medidas para disminuir la incidencia de ese fenómeno en la sociedad argentina.

De 2007 a 2015 el gobierno de Fernández sancionó la Ley de Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas como medida de protección a todas las mujeres menores y mayores que fueran explotadas.

Igualmente se dictó un decreto para erradicar la difusión de imágenes y mensajes que estimularan la explotación sexual.

Entre las acciones estuvo la aprobación en noviembre de 2012 por la Cámara de Diputados de una norma que agravó la pena del homicidio de una mujer.

Pero aún falta mucho camino por recorrer. Por eso  el segundo miércoles de cada mes en la emblemática Plaza de Mayo, en Buenos Aires, y en otras zonas de Argentina familiares de víctimas de feminicidios se reúnen para visibilizar la violencia patriarcal, porque ser mujer no puede pagarse con la vida.