Víctimas de la masacre en Senkata, Bolivia.

Por: Roberto Morejón

El surgimiento de indicios sobre los responsables de ejecutar una masacre frente a una planta gasífera en Senkata, ciudad boliviana de El Alto, en 2019, ilustra los esfuerzos del gobierno del presidente Luis Arce por aplicar la justicia.

Durante el gobierno de facto de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, la justicia solo se ejerció para acosar a dirigentes del MAS, Movimiento al Socialismo, del ex primer mandatario Evo Morales, víctima de un golpe de estado.

Todo cambió al retomar el MAS el gobierno luego de una victoria contundente en las elecciones de fines del año pasado.

En el nuevo contexto, un fiscal se valió de testimonios de un militar e informes operativos firmados por dos altos oficiales para acusar al general en retiro Luis Valverde Ferrufino, por encabezar el operativo criminal en Senkata.

Recordemos que el 19 de noviembre de 2019, pocos días después del golpe contra Evo Morales, sectores de la población protestaron en Bolivia.

La muchedumbre bloqueó el ingreso a la planta de Senkata y efectivos armados dispararon, con el saldo de 10 muertos y 31 heridos por impactos de bala.

Analistas denunciaron que el general retirado Valverde Ferrufino NO fue el único involucrado en los desmanes, pues habló con el entonces ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, para buscar consentimiento.

Todo apunta a que en los hechos de Senkata y en otro exterminio masivo en Sakaba, departamento de Cochabamba, participaron fuerzas de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

Pero hasta ahora las tentativas de llegar a la verdad toparon con serios obstáculos.

Los complotados se sentían amparados por un decreto que eximía de responsabilidad penal por los hechos que derivaran de las operaciones enfiladas contra lo que el gobierno de facto denominó “restablecer el orden”.

Como bien precisó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, Jeanine Áñez actuó como la principal responsable de las muertes, al firmar el decreto para dispensar de responsabilidad penal a los represores.

Junto a Áñez, ministros como el hoy prófugo Arturo Murillo también deberían someterse a escrutinio y de esa manera precisar todos los autores intelectuales y directos de las aniquilaciones. 

La sociedad boliviana aguarda por una respuesta de la justicia en el esclarecimiento de hechos que provocaron muertes y dolor durante el régimen golpista.