Por María Josefina Arce.

La llegada de la COVID 19 y la puesta en marcha de una política que mina los avances registrados durante 15 años de mandato del izquierdista Frente Amplio marcan los primeros doce meses de gestión del presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou.

La enfermedad causada por el nuevo coronavirus no ha hecho mayores estragos en el país de aproximadamente cuatro millones de habitantes y que contaba con un consolidado sistema sanitario, pues esto siempre estuvo entre las prioridades de los diversos gobiernos del Frente.

Pero en el plano social es otra la historia. En el primer año de mandato de Lacalle Pou ya se perdieron 60  MIL puestos de trabajo y muchos más podrían perderse a causa de la pandemia.

Hoy la nación suramericana tiene 100 MIL nuevos pobres, cuando durante su gestión el Frente logró reducir de 40 por ciento a 8 por ciento el índice de pobreza y la indigencia de 4,5 a 0,1 por ciento.

Se ha registrado asimismo, la caída de las jubilaciones y se cerraron 10 mil micro y medianas empresas, que no contaron con apoyo gubernamental ante la crítica situación económica generada por la COVID 19.

En este primer año fue insuficiente la política de protección social, de empleo, reactivación y respaldo a los pequeños empresarios.

Incluso se paralizaron algunos programas sociales como el de asistentes personales para ciudadanos con discapacidad, al tiempo que se hicieron recortes en áreas fundamentales como la investigación científica y la formación de investigadores.

De hecho la evaluación de la ciudadanía sobre el desempeño de las autoridades en materia de empleo, pobreza e ingresos de los hogares es negativa, de acuerdo con un sondeo de la encuestadora FACTUM.

Pero no solo la pandemia y sus afectaciones en la salud y la economía centraron la atención de los uruguayos en este periodo transcurrido. La aprobación de la Ley de Urgente Consideración fue un punto de fricción con partidos de la oposición y la sociedad en general.

Hoy organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos promueven la recogida de firmas para derogar en referendo 135 artículos de la legislación, que regula el derecho a la huelga y da más poder a policías y militares, lo que remonta a muchos a la época de las dictaduras.

Se ha cumplido un año de gobierno de Lacalle Pou y aumenta la amenaza de que se pierdan los logros en materia social, sanitaria y educacional de 15 años de mandato del Frente Amplio, que marcó la diferencia en la nación suramericana.