Imagen de archivo. Telesur

Por María Josefina Arce.

Una violencia sin fin vive Colombia, que en los tres primeros meses de este año  ha sido escenario de nuevas matanzas y asesinatos de líderes sociales, indígenas y ex miembros de la antigua guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

No desciende la cifra de víctimas fatales por las acciones de grupos criminales y paramilitares que se disputan los territorios para llevar a cabo, entre otros actos delictivos, el tráfico de drogas.

Este año parece seguir los pasos del 2020, cuando de acuerdo con INDEPAZ, Instituto para el Desarrollo y la Paz, se contabilizaron 91 masacres, en las que murieron más de 300 personas.

Ya los hechos de este tipo registrados de enero a marzo en territorio colombiano sobrepasan los 20 y han sido asesinados cerca de 40 líderes sociales, sindicales y defensores de los derechos humanos.

Tampoco escapan a esta espiral de violencia los ex combatientes, quienes cumplieron con lo pactado en el acuerdo de paz suscrito en 2016 e hicieron dejación de las armas para reintegrarse a la sociedad. Desde ese año hasta la fecha más de 260 han sido ultimados.

Gran parte de la ciudadanía cuestiona al gobierno del presidente Iván Duque por el incumplimiento de los acuerdos de paz y el abandono de las zonas rurales donde se registran estos lamentables sucesos.

El miedo y la desesperación impera en esas áreas, donde no llegan las instituciones estatales y crece la pobreza y los desplazamientos forzosos.

La realidad es que no se ha cumplido con lo pactado entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo. Aún hay muchas deudas pendientes como la reforma rural integral, que contempla el desarrollo de programas sociales y económicos en las antiguas zonas de conflicto.

Este punto del acuerdo de paz sienta las bases para la transformación del campo colombiano a través del mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la población rural.

Son muchas las voces que recuerdan que la paz firme depende de varios factores y no solo del silencio de las armas o del compromiso de una de las partes firmante del acuerdo, sino que es una tarea de todos.

Los colombianos piden  garantías de seguridad, que se cumpla lo acordado y reclaman su derecho a la vida, constantemente amenazada por la inacción del mandatario, quien desde el inicio de su gobierno cuestionó lo pactado en La Habana y se ha atrevido a calificar las masacres como hechos aislados u homicidios.

De hecho en 2019 un grupo de intelectuales y personalidades de diversas tendencias políticas acusaron a Duque ante la ONU de poner obstáculos a la implementación de la paz.

Colombia se desangra y la no implementación, de manera integral, de los acuerdos empujan al país suramericano hacia la pobreza, desigualdad y una violencia cada día más difícil de dejar atrás.