Jair Bolsonaro. Foto: Archivo/RHC.
Por: María Josefina Arce
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, está en serios problemas. Más que criticada ha sido por diversos sectores del país su irresponsable actitud ante la COVID 19, pero ahora la justicia podría intervenir agregando cierta incertidumbre sobre su futuro político, ante sus declaradas aspiraciones reeleccionistas.
Ex ministros de Salud y otros funcionarios han dado su testimonio ante la Comisión del Senado que investiga desde abril la gestión del presidente y su gobierno en el enfrentamiento a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.
Nada bien ha quedado la figura del mandatario, que desde un inicio restó importancia a la gravedad de la pandemia en Brasil y se ha opuesto a las restricciones e, incluso, ha desafiado las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Lo último en su larga lista de desatinos fue su participación el sábado pasado en una manifestación de apoyo a su mandato, sin embargo, altamente cuestionado por gran parte de la sociedad brasileña.
Pero Bolsonaro también ha incentivado el uso de medicamentos rechazados por la comunidad científica. Ahí está el caso de la cloroquina, sobre la cual tuvo que admitir, bastante tarde por cierto, su ineficacia para tratar la COVID 19.
Brasil ha vivido y todavía vive jornadas difíciles por la enfermedad, ante la falta de oxígeno para atender a los pacientes y hospitales colapsados por el alto número de casos. La nación suramericana ya acumula más de 15 millones de contagiados y supera los 430 mil fallecidos.
La Comisión, con 11 miembros titulares y siete suplentes, apuntó que existen pruebas de que hubo irregularidades en el manejo de la dolencia que califican como delitos.
Los testimonios arrojaron que las autoridades habían sido alertadas sobre la magnitud del problema y no actuaron debidamente para minimizar su impacto en la población.
A esto se suma una campaña de vacunación con serias dificultades.
De hecho, se conoció que el gobierno dejó sin respuesta una oferta de vacunas del laboratorio Pfizer que le habría permitido a Brasil contar con las primeras dosis en diciembre de 2020 y no en marzo de este año.
Según el diario Folha de Sao Paulo, gran parte de la Comisión podría pedir a la Fiscalía que inicie una investigación sobre el desempeño de Bolsonaro.
Y la situación se complicaría más, pues ya ese órgano judicial pidió investigar al presidente por supuestas irregularidades en el manejo del presupuesto a favor de parlamentarios de la base oficialista.
La demanda, presentada por la oposición, señala que los fondos habrían sido empleados con fines diferentes para los cuales habían sido aprobados por el Parlamento.
Bolsonaro se encuentra en una delicada situación y la aprobación a su mandato va en picada. Hoy solo cuenta con el favor del 24 por ciento de los brasileños, y de acuerdo con encuestas de opinión, de tener lugar ahora elecciones generales se vería superado en las urnas, en primera vuelta, por el ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, del Partido de los Trabajadores.
