Imagen tomada de Prensa Latina.

Por: Guillermo Alvarado

El presidente de Colombia, Iván Duque, demostró su desconocimiento de la realidad que se vive en ese país cuando dio la orden de utilizar “a la máxima capacidad operacional” a la fuerza pública, con el objetivo de desbloquear numerosas vías cerradas durante las protestas contra su gobierno.

La disposición equivale a un insensato intento de apagar el fuego echándole gasolina y así se lo hicieron saber grupos sociales, entre ellos la Organización Nacional Indígena, ONIC.

Un comunicado de la entidad señala que, a todas luces, esa medida viola la Constitución de la República, así como los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y moral de los manifestantes, la libertad de reunión, de expresión y de protesta pacífica.

Justamente el uso excesivo de la fuerza por el Estado es uno de los principales factores que incidieron en la radicalización de las protestas, que duran ya 21 días y se extendieron a varias regiones de la nación sudamericana.

Durante ese tiempo se acumularon más de dos mil denuncias por abusos del ejército y la policía, en particular el tenebroso Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, que causó 50 muertos y 600 heridos, muchos de ellos con lesiones oculares causadas por disparos de los uniformados.

Por lo menos mil 430 personas sufrieron detención arbitraria, 21 mujeres fueron objeto de violencia sexual y más de 520 manifestantes están reportados como desaparecidos.

Toda esa brutalidad ocurre a pesar de que el 20 de septiembre de 2020 el Tribunal de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia garantizó el derecho de manifestarse a todas las personas, y la obligación de las autoridades de prevenir y sancionar los excesos de las fuerzas del orden.

Muchos de los desmanes ocurrieron en la ciudad de Cali y sus alrededores donde el alcalde local, Jorge Iván Ospina, pidió a todos los miembros de su gabinete la renuncia inmediata en un intento de aplacar los ánimos y, según él, generar confianza.

Hasta el momento han fracasado los intentos del gobierno central para frenar las protestas, que se iniciaron contra un proyecto de reforma fiscal que ya fue retirado y ahora continúan para exigir el cese de la represión e incluso la salida de Duque del poder.

Es imprevisible por el momento saber cuál será el final de esta etapa turbulenta en Colombia, un país donde ser líder social y reclamar derechos fundamentales, como la vida, la tierra y la tranquilidad es mucho más peligroso que ser ladrón, narcotraficante o asesino.