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Por María Josefina Arce

Para noviembre próximo fueron convocados en Honduras los comicios generales, en los que regirá una nueva Ley Electoral aprobada por el Congreso en días recientes,  y que ha originado críticas en diversos sectores por no tomar en cuenta pedidos de la ciudadanía

Varios son los cuestionamientos a la legislación, que para muchos no evitará que se reporten episodios como los de 2017, cuando fue reelecto presidente Juan Orlando Hernández bajo fuertes acusaciones de fraude.

Hace cuatro años los hondureños se lanzaron a las calles en protesta por los resultados de los comicios, dados a conocer un mes después y que dieron una controvertida victoria a Hernández, frente a Salvador Nasralla, candidato a la presidencia por la Alianza de Oposición contra la dictadura.

Unas elecciones por demás, bastante polémicas por la participación de Hernández, promovida por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y no por una reforma constitucional, pues la Carta Magna de la nación centroamericana prohíbe la reelección.

La reforma electoral de ahora es solo más de lo mismo, pero con cierto maquillaje. No se tomó en cuenta el pedido de la participación de la ciudadanía en las mesas electorales para ponerle un freno al fraude.

Aunque se redujo el número de miembros de las mesas electorales de 14 a cinco, los tres cargos principales, presidente,  secretario y escrutador, estarán en manos de los partidos de mayor carga electoral. Los dos integrantes restantes serán distribuidos de manera aleatoria entre las organizaciones consideradas minoritarias.

Lo cierto es que mantienen su poder los tradicionales partidos Nacional y Liberal, que controlan todo el proceso tanto en los consejos municipales como departamentales y  también tienen representación en el Consejo Nacional Electoral.

La nueva ley tampoco contempla el pedido ciudadano de inhabilitación de las candidaturas, ante las constantes denuncias de corrupción y vínculos con el narcotráfico de algunos funcionarios.

Al propio mandatario se le asocia con esa actividad ilícita. Su hermano Juan Antonio Hernández fue condenado en Estados Unidos por sus nexos con el tráfico de drogas.

No recoge el documento tampoco la demanda de una segunda ronda electoral, que nunca estuvo dentro de las consideraciones de los diputados. Los presidentes en Honduras por tanto, continuarán siendo elegidos con un bajo por ciento de votos.

La nueva Ley Electoral, prometida tras las protestas de hace cuatro años, no representa ningún cambio sustancial. Se mantiene la incertidumbre de lo qué podrá pasar en noviembre venidero y si una vez más se verá ignorada la voluntad popular.

Desde el golpe de estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, vive Honduras una profunda crisis política y una falta de credibilidad de los ciudadanos en su sistema electoral, a lo que se  suma ahora las críticas por la ineficaz gestión del gobierno ante la COVID 19 que ya ha provocado más de seis mil fallecidos y ha venido a complicar el panorama para los sectores más humildes que no han encontrado respuesta a sus reclamos.

En medio de ese escenario, altamente polarizado y con elevados índices de desempleo, violencia y  pobreza, ha llegado a la escena política un nuevo contrincante. Los partidos Innovación y Unidad Social Demócrata y el Salvador de Honduras conformaron la Unidad Nacional Opositora de Honduras para hacer frente al oficialismo en las elecciones generales de noviembre.