Foto tomada de Radio Bayamo
Por Guillermo Alvarado (RHC)
Luego de meses de trabajo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, presentó su informe ante el jefe de Estado de Bolivia, Luis Arce, donde ratifica que sí hubo un golpe de Estado en 2019 contra el entonces presidente constitucional, Evo Morales.
El documento detalla que el gobierno de facto, encabezado por Jeanine Áñez, es responsable de graves violaciones a los derechos humanos, persecución, matanzas colectivas y ejecuciones extrajudiciales, que perpetró para contener las protestas contra la asonada.
Los miembros del grupo de expertos no dudaron en calificar como masacres los hechos ocurridos en las localidades de Sacaba y Senkata, donde las fuerzas represivas dispararon a mansalva contra manifestantes.
Fueron ocho meses de trabajo, durante los cuales se entrevistó a cientos de personas y se revisaron más de 120 mil expedientes.
La información le fue entregada al presidente Arce en una ceremonia celebrada este martes en la ciudad de La Paz.
En ella se desmienten los argumentos de quienes, como la desprestigiada Organización de Estados Americanos, intentan hacer creer que nunca hubo un golpe de Estado contra Evo Morales.
Arce agradeció el trabajo y anunció que de inmediato se creará una comisión de alto nivel para identificar con precisión a todas las víctimas, que serán debidamente resarcidas, así como una investigación sobre los responsables y llevarlos ante la justicia.
En este sentido, serán derogados algunos decretos, lo que permitirá juzgar y castigar, si ese fuera el caso, a los miembros de los aparatos de seguridad que estuvieron involucrados en esos hechos.
La entrega del informe del GIEI coincidió con el final de una investigación interna de la gendarmería de Argentina, que tuvo como propósito determinar el método utilizado para enviar de manera clandestina a los golpistas bolivianos más de 70 mil cartuchos antidisturbios.
En esa acción están involucrados el antiguo primer mandatario Mauricio Macri y su entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Las municiones salieron de Argentina el 13 de noviembre de 2019 y 40 mil de ellas fueron entregadas a la Fuerza Aérea Boliviana y las otras 30 mil se descubrieron en una bodega de la Policía Nacional.
Toda la operación fue encubierta y no se llenaron los requisitos legales en ninguno de los dos países, por lo que califica como tráfico internacional de armas y demuestra, una vez más, que los golpistas de Bolivia nunca actuaron solos.
