Imagen ilustrativa tomada de Youtube
Por Guillermo Alvarado (RHC)
Muchos habrán mirado alguna de las películas de la violenta saga “Rápido y Furioso”, o al menos escucharon hablar de ellas, pero pocos sabrán que el título de esos filmes corresponde en realidad a una fracasada operación clandestina de servicios gubernamentales de Estados Unidos contra México.
En la acción estuvo involucrada por lo menos la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, más conocida por sus siglas en inglés ATF, además de la Procuraduría General y algunos funcionarios de la Casa Blanca durante la administración de Barack Obama.
Consistió en introducir de manera subrepticia por lo menos unas dos mil armas de fuego, entre pistolas y fusiles de alto poder, al territorio mexicano con el propósito de “rastrear su recorrido” y establecer la identidad de los compradores finales, un verdadero disparate.
Esta violación flagrante de las normas internacionales y las relaciones entre dos países vecinos, y supuestamente amigos, fue un fiasco porque pronto se le perdió la pista a los mortales artefactos que se diluyeron en el mercado negro y el paradero fue una incógnita.
Rápido y Furioso tuvo lugar entre finales de 2009 y se extendió hasta 2011 y nunca se informó al gobierno mexicano para nada.
El escándalo detonó en diciembre de 2010, cuando el agente especial de la ATF, Vince Cefalu, explicó ante la televisión ese trasiego ilícito y un año después el Procurador General, Eric Holder, reconoció ante el Congreso estadounidense la fallida operación.
Holder cuestionó que los legisladores vertieran críticas sobre este caso, pero que al mismo tiempo se negaran a aprobar leyes federales más estrictas contra el tráfico de armas por la frontera sur.
Por lo menos dos matanzas colectivas contra jóvenes perpetradas en México, una durante una fiesta y la otra en un centro de rehabilitación, ambas en Ciudad Juárez, Chihuahua, se cometieron con artefactos que formaron parte de Rápido y Furioso.
Es oportuno sacar este asunto a colación, ahora que una corte de Boston, Massachusetts, aceptó dar curso a una denuncia del ejecutivo mexicano contra varias empresas fabricantes y vendedoras de armas, por su negligencia ante el contrabando que existe en la línea de demarcación.
Se considera que por lo menos medio millón de pistolas, revólveres, fusiles, municiones y otros pertrechos cruzan de manera ilegal la frontera cada año y van a dar a manos del narcotráfico y otras formas del crimen organizado.
El caso es que no sólo los mercaderes se benefician, sino que autoridades de la potencia norteña en ocasiones colaboran activamente en ese trasiego.
