El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se decantó por una reforma constitucional.

Por: Roberto Morejón

En un nuevo paso para reforzar el papel del Estado en la rama energética, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se decantó por una reforma constitucional, enfilada hacia el fortalecimiento de la industria eléctrica.

Tenaz luchador contra la corrupción, el Primer Mandatario reveló en su reciente informe anual de gobierno el objetivo de canalizar una transformación legislativa, con vistas a robustecer el sector eléctrico.

Siempre favorable a las políticas de austeridad que le permitan recursos destinados al beneficio social, AMLO, como es conocido, volvió a tocar un resorte que causa amargura en la vida privada y la oposición.

En la lectura de la coalición MORENA y el propio dignatario, México ha sido dañado severamente por la privatización en ramas del sector público y la economía popular.

Aquellas decisiones otorgaron ventajas a empresas privadas, fundamentalmente extranjeras, en detrimento de la estatal Comisión Federal de Electricidad.

De ahí el impulso actual a la modernización de plantas hidroeléctricas y refinerías de petróleo, además de construir una de esas últimas en el sureste del país.

En medio del fuego oratorio de sus adversarios, México también trabaja en la reversión del deterioro sufrido por PEMEX, Petróleos Mexicanos.

Desde la visión del gobierno, los planes para frenar el neoliberalismo en la rama energética deben evitar el aumento de las tarifas.

Sin embargo, otra es la óptica de las compañías involucradas que, principalmente de México, Estados Unidos, Canadá y Europa, son las mayores suministradoras de electricidad que venden al poder central.

Rápidamente saltó a la palestra la Cámara de Comercio estadounidense para preservar a sus afiliadas, al advertir que las reformas en ciernes representaban lo que calificó de incumplimiento del T-MEC, Tratado México- Estados Unidos-Canadá.

Al parecer, los intereses envueltos en la polémica mueven sus hilos. Un juez suspendió hace meses una reforma de la ley de la industria eléctrica de México impulsada por el gobierno.

Ahora el Presidente se pronuncia por enviar al Congreso una reforma sobre el sector eléctrico, de lo que se desprende que los privados y una parte de la prensa ripostarán.

Les resulta incómodo el varapalo a las corrientes privatizadoras porque, como subrayó AMLO, se dejaron de entregar concesiones en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas y otras obras públicas.

Demasiado para que algunos lo asimilen.