Campesinos e indígenas paraguayos reclaman acceso a tierras. | Imagen / Telesur

Por María Josefina Arce.

Paraguay está considerado como uno de los países de América Latina y el mundo con mayor desigualdad en la distribución de las tierras. Solo un 2,5% de la población concentra en su poder más de 85%  de los terrenos cultivables.

Es este un viejo problema que afecta con fuerza a campesinos e indígenas, expulsados de sus tierras por terratenientes y empresarios, apoyados a lo largo de décadas por las fuerzas del orden, justicia y políticos que también han salido ampliamente beneficiados.

De hecho de 1954 a 1989, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, se entregaron de manera fraudulenta a allegados políticos grandes extensiones de tierra.

Stroessner no fue solo responsable de torturas, desapariciones y represión, sino del ilegal reparto entre aliados del poder de unos ocho millones de hectáreas, que supuestamente deberían haber beneficiado a pequeños agricultores como parte de una Reforma agraria.

"Tierras mal habidas" así se les conoce en el país suramericano, donde la posesión de este recurso sigue vinculado al poder y los habitantes del campo y las comunidades indígenas continúan reclamando sus derechos.

Un intento por cambiar esa situación terminó en un golpe de estado. En 2008 el ex obispo Fernando Lugo ganó por el Frente Guasú las elecciones generales, poniendo fin a la hegemonía del partido Colorado. Asumió la presidencia en agosto de  ese año, dispuesto a llevar a la práctica un programa de gobierno a favor de los más humildes, que incluía una reforma agraria.

Pero su proyecto terminó de forma abrupta. Una ocupación de terrenos que provocó la muerte de 11 campesinos fue utilizada por la oposición para un juicio político contra el presidente, que llevó a su destitución en 2012.

El panorama no ha mejorado, siguen ociosas incontables hectáreas, la población rural en situación de pobreza y los pueblos originarios despojados de sus territorios ancestrales. Durante años organizaciones de derechos humanos, religiosas, campesinas e indígenas han denunciado que nada se ha hecho por recuperar esas tierras.

Incluso el actual presidente Mario Abdo Benítez ha sido cuestionado por poseer unas siete  MIL hectáreas obtenidas fraudulentamente. No olvidemos que  su padre fue secretario privado de Stroessner.

Ahora el Congreso aprobó una ley, sancionada también por el ejecutivo, que criminaliza la ocupación de tierras, una estrategia a la que históricamente han recurrido campesinos e Indígenas ante el poco interés y la inacción de los diversos gobiernos por poner fin a una vieja injusticia.

La aprobación de la legislación, que eleva hasta 10 años de prisión la pena por la ocupación de tierras, ha tensado aún más el ambiente en torno a esta problemática.

Dirigentes Indígenas subrayaron que nunca se ha hecho nada en aras de dar solución al problema y ahora los quieren hacer ver cómo criminales. Además, de que es un salvoconducto para muchos políticos convertidos en terratenientes con las llamadas tierras mal habidas.