El presidente Guillermo Lasso y representantes de la Conaie se reunieron en una mesa de diálogo el lunes 4 de octubre. Foto: EFE / José Jacome

Por María Josefina Arce.

El gobierno de Ecuador no ha evidenciado voluntad para dar solución a las demandas de la población. Presionado por las protestas que han tenido lugar a solo cuatro meses de asumir la presidencia, Guillermo Lasso se reunió con representantes de la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas, pero no hubo resultados concretos.

No se dio respuesta a los temas presentados y que preocupan hoy a numerosos sectores de la sociedad, especialmente los más vulnerables que vieron empeorar sus condiciones de vida en los cuatro años de gestión del hoy ex presidente Lenín Moreno y la llegada de la COVID 19.

Las perspectivas no son nada favorables. En los pocos meses que lleva al frente del país, Lasso ha seguido la política neoliberal de su antecesor. El mandatario no  escuchó el reclamo expresado por los participantes en el diálogo de la necesidad de eliminar tres decretos aprobados en 2020 por Moreno referídos a los combustibles.

A la salida del encuentro, Leónidas Iza, presidente de la CONAIE,  señaló que no hubo una apertura del presidente sobre las disposiciones que están incrementando cada mes el precio de los combustibles, con las consabidas afectaciones para la población.

Tampoco se lograron avances respecto a las otras problemáticas como la flexibilización laboral, contenida en el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, presentado por las autoridades y que llevará a la inseguridad y la falta de garantías para los trabajadores.

Dirigentes sindicales han señalado que con la precarización del empleo no se resuelve el problema del desempleo, que hoy afecta a más del 5% de la población econonomicamente activa, y con mayor fuerza a las mujeres.

No hubo respuestas concretas ante el reclamo de fijar precios justos para los productos del campo y la reestructuración de las deudas bancarias de unos cuatro millones de ecuatorianos.

Otro tema de interés es la entrega de territorios de gran biodiversidad al capital transnacional para su explotación minera y petrolera, actividades que inevitablemente producen la degradación ecológica, el despojo a Indígenas y campesinos de sus tierras y la violación de los derechos humanos de esas comunidades.

Más que probados están los daños ecológicos y a la salud que ocasionan esas acciones extractivas. Los derrames de petróleo contaminan ríos y lagos, matan a la flora y fauna del lugar y provocan diversas enfermedades en los habitantes de la zona.

Conocido es el caso de la petrolera norteamericana TEXACO, después adquirida por CHEVRON, que provocó en Ecuador un desastre  ecológico y humanitario. Durante sus operaciones la transnacional desechó 650 MIL barriles de petróleo crudo y más de 16 MIL millones de galones de aguas residuales en los ríos y suelos de la selva amazónica, afectando la salud y formas de vida de más de 30 MIL Indígenas y campesinos.

Dos mil personas han muerto de cáncer a causa de los gases tóxicos y la contaminación del agua y el aire.

Ante todas estas problemáticas que afectan directamente a la población y en especial a los sectores más vulnerables, el presidente no dio soluciones. Fue un diálogo que no arrojó ningún resultado concreto y solo evidenció que los intereses del gobierno van por un lado y los de la ciudadanía por otro.