Imagen ilustrativa tomada de Cubasí
Por María Josefina Arce (RHC)
A todo pueblo le asiste el derecho a escoger su camino y trabajar por su desarrollo y bienestar. Cualquier intento externo de frenar ese avance y buscar un cambio de régimen es una injerencia en sus asuntos internos, una agresión a su soberanía, una violación de las normas internacionales y una amenaza a la paz.
Cuba ha estado en la mira de Estados Unidos desde fecha tan temprana como el siglo diecinueve, cuando utilizando como pretexto la voladura del acorazado Maine en la bahía de La Habana, en febrero de1898, el vecino del Norte le declaró la guerra a España e intervino en la contienda hispano-cubana.
El naciente imperialismo norteamericano escondía su verdadero propósito de impedir la cercana victoria de los cubanos en su lucha por la independencia de la metrópoli española.
Antes de ese momento sus apetencias sobre Cuba habían pasado ya por varios intentos de compra a España, presiones anexionistas y la falta de reconocimiento a la justa lucha de los independentistas cubanos.
Tras su derrota, España abandonó sus demandas sobre Cuba que pasaría a ser entonces neocolonia de Estados Unidos. El triunfo de la Revolución, en enero de 1959, puso fin a esa condición, durante la cual los gobiernos de turno entregaron el país a las compañías estadounidenses, mientras en el pueblo eran altos los índices de pobreza, insalubridad y analfabetismo.
El proceso revolucionario fue objeto desde el inicio de una descarnada campaña de acoso, odio y descredito que se ha extendido por décadas, y ha estado acompañada por un genocida bloqueo económico, comercial y financiero.
Una guerra no declarada que se ha intensificado en los últimos meses, aún en medio de una pandemia, y que busca desde falsear la realidad de Cuba hasta provocar un estallido social, como denunciara el canciller Bruno Rodríguez, en una intervención ante el cuerpo diplomático acreditado en La Habana.
El jefe de la diplomacia cubana mostró elementos que prueban cómo desde territorio estadounidense se organiza esa operación, con intervención de importantes funcionarios del gobierno, el Departamento de Estado, otras agencias y de senadores y congresistas con una conocida postura anticubana.
En ese sentido, precisó que desde el 22 de septiembre último se han producido un total de 29 declaraciones del gobierno estadounidense y de figuras influyentes del Congreso, con el objetivo de instigar en suelo cubano acciones contra el orden constitucional.
Las autoridades han denunciado que en estos planes desestabilizadores están implicados también grupos violentos con pasado y presente de acciones terroristas contra nuestro país.
Pero Cuba, aunque asediada, continúa trabajando por el bienestar de sus ciudadanos, así lo confirma la exitosa campaña de vacunación contra la COVID-19, las transformaciones que viven hoy las comunidades y las medidas adoptadas para reactivar la economía, tras casi dos años de pandemia y un recrudemiento del bloqueo.
La política de Washington contra nuestro país es como la calificara el canciller Bruno Rodríguez disfuncional, ineficaz y costosa para el contribuyente estadounidense.
